•  |
  •  |
  • END

El tiempo sigue pasando y hasta la fecha ya han muerto 30 ex trabajadores de la extinta empresa de productos químicos Pennwalt. Ayer, 109 sobrevivientes, que viven en carne propia las afectaciones que les dejó el exponerse ante las tóxicas sustancias, interpusieron una queja pública ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), para que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ente que asumió los activos de Pennwalt, los indemnice por los daños sufridos.

Los ex trabajadores laboraron en dicha empresa entre el período de 1967 hasta su cierre en 1991, desde entonces han mantenido sus protestas y denuncias públicas, pero no han recibido respuesta y tampoco el apoyo de los gobiernos de turno.

“El caso Pennwalt está vivo, no está muerto y estamos solicitando al gobierno de Nicaragua que nos ayude a buscar cómo salir de esta situación, porque nosotros tenemos 18 años de estar litigando contra el BCIE, tratando que se nos pague por los daños irreversibles a la salud que fue causado por la Pennwalt”, aseguró Julio Bonilla, ex trabajador de la extinta empresa.

Los ex obreros aseguran que fueron sometidos en todas las áreas de la Pennwalt, a peligrosos químicos, como el ácido clorídico, hipoclorito de sodio, mercurio, entre otros ácidos.

Don Marcos de Jesús Castillo, de 82 años, laboró durante 14 años en la Pennwalt, contó que le pusieron un detector de mercurio en la garganta y determinaron que la tenía llena de ese metal. “Recibí atención médica mientras trabajé allí, pero ya no porque por cuenta ya quemaron todos esos documentos”, dijo.


CPDH los acompañará
Álvaro Leiva, abogado de la CPDH, afirmó que solicitarán al gobierno para que acompañe a los obreros en su demanda y revisarán en qué condición se encuentra la denuncia interpuesta en la Procuraduría del Ambiente.

“Los delitos en materia laboral, de seguridad social, de situaciones donde tenemos una evidencia a los daños permanentes a la salud de estos trabajadores, realmente no podemos alegar prescripción, tenemos que encontrar a los culpables y éstos deben ser sentados en los tribunales de justicia”, dijo Leiva.

Aseguró que harán del conocimiento del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.