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  • EFE

Un grupo de ambientalistas cumplió hoy la undécima jornada de una huelga de hambre que inició el pasado 8 de octubre en protesta contra el proyecto de minería de oro a cielo abierto Las Crucitas, mientras el gobierno insiste en que dejará el futuro de la mina en manos de los tribunales.

Instalados en tiendas de acampar y con pancartas en contra de la minería, tres de los 14 ambientalistas que iniciaron la protesta se mantienen frente a la Casa Presidencial, únicamente ingiriendo líquidos.

Su propósito es que la presidenta, Laura Chinchilla, derogue un decreto firmado en 2008 por el anterior gobernante, Óscar Arias, que declaró la mina, cuya construcción está paralizada mientras se realiza un juicio, como de "conveniencia nacional", lo que agilizó una serie de permisos.

David Rojas, uno de los tres activistas que se mantiene en huelga de hambre, declaró hoy a Efe que no han recibido respuesta del Gobierno. "Para un país que se proyecta ante el mundo con una imagen verde y que tiene una trayectoria conservacionista, no es ético mantener vigente un decreto como este", expresó el activista.

Agregó que Chinchilla "tiene la potestad de derogar el decreto", lo que es parte de la "responsabilidad política" de la mandataria y de la "ética del gobierno".

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, reiteró hoy en una conferencia de prensa la posición que ha mantenido el gobierno en este asunto, que es la de "respetar" lo que se resuelva en el juicio que está en curso en el Tribunal Contencioso Administrativo, acerca de la legalidad de varios permisos otorgados. "La respuesta que les hemos dado es que esto está en la corriente judicial y el Gobierno va a ser respetuoso de lo que se resuelva ahí", manifestó Vargas.

La minera, de la empresa minera Industrias Infinito, filial de la canadiense Vanessa Ventures, pretende extraer 700.000 onzas de oro (19,8 toneladas) en 10 años, valoradas en unos 800 millones de dólares. Los ambientalistas afirman que la mina destruirá hábitats de especies en peligro de extinción, y que existe el riesgo de contaminación de mantos acuíferos con el cianuro utilizado para extraer oro de las rocas. Por su lado, la empresa asegura que ofrecerá empleo en una zona pobre del país, que reforestará cientos de hectáreas de terrenos y que utilizará las prácticas más modernas de una "minería verde".