•   San José, Costa Rica  |
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Una delegación de diputados costarricenses viajará al Río San Juan los días 24, 25 y 27 de octubre, para conocer sobre el dragado que se realiza y sobre los planes de construcción de una represa hidroeléctrica que tiene molestos a ambientalistas a los dos lados del cauce.

El diputado Claudio Monge, miembro de la Comisión Especial de Ambiente, indicó que acordaron hacer la gira en una delegación independiente de la cancillería de su país, evidenciando las diferencias que existen por el San Juan.

Desde que Nicaragua viene anunciando el inicio del dragado, el cual arrancó oficialmente el lunes pasado, diputados de esta comisión han indagado al respecto y aunque el canciller René Castro les explicó que eventualmente no habría problemas con estas labores, los diputados se han sentido insatisfechos con las acciones de su cancillería.

Prueba de ello es que Monge ya presentó un recurso de amparo contra Castro, al considerar que el canciller no ha brindado la información necesaria que aclare si el río Colorado y varios humedales ticos se verían afectados con la limpieza del San Juan.

“Quiero que diga si está escondiendo algo, la verdad es que se ha manejado esto con mucha irresponsabilidad y con un secretismo que no comprendo”, declaró Monge a la prensa local, agregando que la visita también es para informar a comunidades nicaragüenses y costarricenses que desconocen los alcances del dragado.

El tema de las obras y proyectos del gobierno de Nicaragua alrededor del Río San Juan, ha entrado en la agenda de los medios en Costa Rica, al dedicarle el diario La Nación su editorial al asunto.

“El Gobierno de Nicaragua impulsa, a paso acelerado, la construcción de una represa hidroeléctrica en el río San Juan, cuyos efectos podrían hacerse sentir en Costa Rica. A ambos lados de la frontera existe preocupación por el daño ecológico previsible, especialmente la sequía de humedales y la pérdida de caudal en la parte baja de la vía fluvial”, inicia el editorial.

El diario, el más importante e influyente del país vecino, reclama a sus autoridades, principalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, que “emprenda gestiones para averiguar las repercusiones en suelo nacional y en el río mismo, donde Costa Rica goza de derechos de libre navegación”.

“La diligencia en esta materia es un imperativo para nuestras autoridades, porque la localización de la obra en territorio nicaragüense no nos priva de un legítimo interés en el asunto ni releva al Estado costarricense de su obligación de defender, por los medios legales a su alcance, la integridad de su territorio”, dice el rotativo.

“La soberanía de Nicaragua sobre el río no está en discusión, pero sí las repercusiones nocivas que el desarrollo de la represa pueda tener en nuestro país. Para prevenirlas, Costa Rica cuenta con su diplomacia y un rico acervo del derecho internacional desarrollado en esta materia”.