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El señor Bismark Molina Moreira, de 49 años, denunció ayer ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que Isabel Mercado Zeledón, esposa del viceministro de Educación, José Treminio, ha utilizado sus influencias para no pagarle los gastos médicos y los daños materiales que le causó a él y a otras dos personas, luego de que los atropellara.

Molina Moreira relató que él, junto a Berman Mayorga, padre e hijo respectivamente, resultaron lesionados el pasado 27 de septiembre de 2009, cuando la esposa del viceministro de Educación los impactó con su vehículo en las inmediaciones del kilómetro 9 de la Carretera Vieja hacia León.

“Yo estacioné mi camioneta fuera de la carretera para que el señor Berman y su hijo le pusieran aceite al motor cuando de repente la señora se salió de la vía y llegó a estrellarse con la parte delantera derecha de mi camioneta, allí me lesionó y a las otras dos personas”, aseveró Molina.

Pruebas lo favorecen

El denunciante fue llevado al Instituto de Medicina Legal y los resultados de los exámenes que le practicaron señalan la gravedad del hecho. Pero a pesar de las consecuencias que le ha traído a su salud el accidente provocado por Mercado Zeledón, ésta se ha negado a ayudarlo y a reconocer su error. El quejoso también mostró el dictamen de la Policía de Tránsito del Distrito Tres que indica que la esposa del funcionario tuvo falta de pericia al manejar.

Molina asegura que debido a las lesiones no ha podido trabajar y además la esposa del viceministro le dañó completamente su camioneta y se ha rehusado a pagarle. Llamamos al celular al funcionario Treminio para conocer la versión de su esposa, pero no contestó.

Tres días después del accidente, la víctima interpuso, a través de su abogado, la acusación en contra de Mercado, por el delito de lesiones imprudentes, pero fue hasta el pasado 12 de agosto de este año que se realizó el juicio oral y público a cargo de la Jueza María José Morales, del Juzgado Segundo Local Penal de Managua, quien mandó a archivar la causa y recomendó que se lleve la misma en la jurisdicción civil.

Walkiria Huete, responsable de Asesoría Legal de la CPDH, señaló que “aquí hubo retardación de justicia provocada por el judicial, porque los judiciales son siempre quienes están reprogramando las audiencias; no se dio el debido proceso y también hubo negligencia por parte del Ministerio Público.

La causa estuvo a cargo de la fiscal María de los Ángeles Mendoza, quien representó a la víctima.