•  |
  •  |
  • END

La doctora Ana Justina Molina, Jueza Décimo de Distrito Penal de Juicio de Managua, denunció ayer ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que la magistrada Alba Luz Ramos, quien funge como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha violado sus derechos constitucionales, laborales y humanos al suspenderla de su cargo sin goce de salario, según ella, por rencillas personales que desconoce.

Molina fue notificada de su despido este lunes 18 de octubre y la resolución de su sanción fue firmada por seis magistrados “orteguistas” y por los abogados Rafael Solís y Armengol Cuadra, a quienes ya se les venció el término de funciones dentro de la Corte. Mientras tanto, la CSJ nombró ayer a la doctora Nancy Aguirre Gudiel para reemplazar a la denunciante.

La judicial dijo que desde la Oficina de Recepción, Distribución de Causas y Escritos (Ordice) de los juzgados de Managua le asignaban los casos más difíciles y aunque hubo ocho denuncias en su contra, una de ellas por parte del mismo Procurador General de la República, Hernán Estrada, no se le comprobó ningún acto de corrupción ni de negligencia.

“Nicaragua, lamentablemente tengo que decirlo, es considerada como uno de los países con más índices de corrupción en América Latina y consideré que esto podía ser superado de forma interna, pero no fue así, muy por el contrario, solamente por haber solicitado y haber pedido a los honorables magistrados que se revisara mi caso, la honorable magistrada Alba Luz Ramos se ha puesto en contra mía”, aseveró Molina.

CSJ responde

Según Roberto Larios, jefe de prensa del Poder Judicial, la jueza Molina fue destituida porque arrastraba una serie de quejas de usuarios incluyendo la Procuraduría General de la República. Además, cuestionó el funcionamiento del nuevo modelo de Gestión de Despacho Judicial y el Sistema Nicarao insinuando que es manipulado, al alegar que recibía más causas que sus homólogas a propósito.

“La Corte ordenó una investigación en el área y se le demostró que no había mala intención; que en 2010 ella ha recibido 269 casos, mientras sus demás compañeros han recibido hasta 299 y el promedio anda por los 295 , es decir, ella es una de las que menos casos asignados tiene”, expresó Larios.

Se siente amenazada
Molina afirmó sentirse amenazada y responsabiliza a la magistrada Ramos de lo que le pueda pasar a ella y a su familia, ya que hace dos meses algunas personas se metieron a robar a su oficina y se llevaron su computadora. Agregó que la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional conoce a las personas que la despojaron de su ordenador, pero que se han negado a capturarlas, porque éstas tienen vínculos con altos funcionarios judiciales.

Buscamos la versión de la comisionada mayor Glenda Zavala, jefa de la DAJ, pero nos dijo que estaba en una reunión fuera de Managua, mientras la comisionada mayor Vilma Reyes, jefa de Relaciones Públicas de la Policía, no atendió nuestra solicitud.

Pedirán intervención de diputados

Marcos Carmona, Director Ejecutivo de la CPDH, aseveró que es necesario que las autoridades judiciales revisen el nuevo modelo de gestión de despacho judicial y cuestionó que la resolución en contra de la quejosa esté firmada por los abogados Solís y Cuadra, quienes, según él, no tienen la autoridad para suspender a un juez. Agregó que solicitarán a los diputados de las comisiones de justicia y laboral de la Asamblea Nacional que intervengan en el caso.

La denunciante hizo un llamado a la magistrada Ramos para que deponga su actitud y sus ataques y a la comunidad donante para que revisen cómo se están invirtiendo los fondos económicos que otorgan al Poder Judicial, ya que considera que son usados para violar los derechos laborales y humanos de los funcionarios judiciales.

Mientras, la Corte terminará de analizar el caso en los próximos días, bajo la luz de la Ley de Carrera Judicial sobre infracciones disciplinarias muy graves, entre ellas la desatención absoluta en el ejercicio de sus funciones, al negarse a recibir las 30 causas y el inciso 8 por injurias o calumnias contra otras autoridades judiciales; se espera que para la próxima semana ya esté lista la resolución definitiva del caso.