Carlos Larios
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Dirigentes indígenas de la comunidad Tasbapounie, ubicada en la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, denunciaron ayer ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que el gobierno del presidente Daniel Ortega pretende despojarlos de más de 700 mil hectáreas de bosques, ríos y lagos para desarrollar proyectos gubernamentales como la creación de la central hidroeléctrica Tumarín.

Según los denunciantes, en agosto de 2007, el gobierno les quitó más de 36 mil hectáreas para dárselas a los Awaltara (los hijos del Río Grande), para así poder desarrollar proyectos gubernamentales como Tumarín, ya que los indígenas de ese sector no oponen resistencia a ser despojados de las tierras.

“Estas 56 mil hectáreas de bosques, 18 mil hectáreas de bosques de madera preciosa no son cosas pequeñas, son cosas grandes, nos están quitando nuestros propios recursos y así ellos (quieren) confiscarlos”, afirmó Realstone Bent, Presidente de la Autoridad Territorial Taura de Tasbapounie.

Metieron a usurpadores CPC

Los indígenas afirmaron que el diputado Brooklyn Rivera, Presidente de la Comisión de asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional, y Lumberto Campbell, Presidente de la Coordinación del Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe, son los ejecutores del plan del gobierno y con artimañas destituyeron a los miembros de la directiva del Consejo Regional y Consejo de Ancianos de ese lugar, para ubicar a miembros de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, en los puestos usurpados.

“Nuestras organizaciones han sido suplantadas, porque dentro de la comunidad nosotros hemos hecho nuestras elecciones a base de una congregación de toda la comunidad para que decida a quiénes va a poner y por cuánto tiempo, pero los representantes del gobierno central, Brooklin Rivera y Lumberto Campbell, desmantelaron el sistema y tratan de inducir cómo hacer las cosas a su forma”, aseveró Jimmy Martínez, director ejecutivo del Gobierno Comunitario de Tasbapounie.

Llamamos al número celular del diputado Brooklyn Rivera en varias ocasiones para conocer su versión sobre esta denuncia, pero no contestó. Además, los quejosos señalaron que un general del Ejército Nacional en retiro se ha apropiado al menos de 5 mil hectáreas de terreno y que los soldados han facilitado los atropellos del gobierno en contra de los indígenas.

“Gobierno vuelve a confiscar”

Por su parte, el director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, manifestó que el gobierno del presidente Ortega está repitiendo la historia al confiscar otra vez los terrenos a las comunidades indígenas. Señaló que les causa preocupación que el Ejército favorezca a los funcionarios antes mencionados a pesar de haber resoluciones judiciales que benefician a los quejosos.


“Nosotros vamos a tocar todas las instituciones y organismos internacionales que tengamos que tocar y hacer la lucha correspondiente, no sólo nacional sino que a nivel internacional, porque aquí ya no es posible que a las comunidades miskitas sigan pisoteándoles sus derechos”, cuestionó Carmona.