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La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, advirtió que “si el Gobierno de Costa Rica permite el desarrollo del proyecto minero Crucitas, se violaría el derecho internacional aplicable, particularmente el principio de prevención, la obligación de no contaminar los territorios de otras soberanías, la obligación del Estado de informar a otros Estados (en este caso Nicaragua) de los posibles impactos que una actividad puede tener sobre su jurisdicción”.

Asimismo, violaría “el principio de precaución, la importancia fundamental de mitigar impactos negativos de la minería e informar y consultar al público en la toma de decisiones ambientales”.

Al concluir un análisis sobre las “Violaciones al derecho internacional y posibles impactos ambientales del Proyecto Minero Crucitas, PMC”, AIDA señaló que “al aprobar el PMC sin mejorar la capacidad técnica del gobierno para controlar los proyectos mineros, se corre el riesgo de repetir los mismos errores dañinos de revisión y aprobación que resultaron en el desastre ambiental del Proyecto Minero Bellavista”.

AIDA solicitó al gobierno de Costa Rica que reconsidere la autorización del PMC y suspenda su avance hasta tomar las siguientes medidas necesarias: la publicación de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo, monitoreo y supervisión en las páginas web de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y de la misma empresa.

En ese sentido, consideró “indispensable facilitar la revisión transparente por expertos independientes y por parte del público, en ejercicio de su derecho a participar en los procesos de consulta ambiental”.

Evitar desastre ambiental

La AIDA sostiene que “se debe responder formalmente a las preocupaciones ya articuladas por la sociedad civil, entre las que señala “la falta de capacidad técnica de las autoridades para controlar estas actividades, que se evidenció con la aprobación deficiente del Proyecto Minero Bellavista y el resultante desastre ambiental, el riesgo de contaminación del río San Juan y del territorio nicaragüense, la posible destrucción de las tierras agrícolas y ecosistemas nativos, el riesgo de contaminación tóxica por emisiones de plomo, arsénico, mercurio y polvo, y el riesgo de derrames de sustancias tóxicas”.

Según el organismo, el proyecto, operado por Infinito Gold Ltd., a quién fue otorgada la concesión desde el 17 de diciembre de 2001, pretende ubicarse en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, a pocos kilómetros del río San Juan y la frontera con Nicaragua. De la información existente se concluye que el proyecto explotará más de 300 hectáreas en los cerros La Fortuna y Botija, que son bosques primarios y secundarios. La empresa espera explotar un millón de onzas de oro en roca dura de un tajo a cielo abierto de 85 metros de profundidad y a pocos kilómetros del río San Juan”