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La Policía Nacional aseguró ayer que las autoridades costarricenses se mostraron anuentes a cooperar para localizar y capturar a la familia nicaragüense Reyes Aragón, conocida como la banda “Los Tarzanes”, quienes son señalados de ser cooperadores de narcotraficantes y de criminales organizados, mientras la abogada de los seis hondureños detenidos recientemente, Martha Barillas, quien fue sentada en el banquillo de los acusados, pidió a Costa Rica que solicite la extradición de sus defendidos.

La agrupación “Los Tarzanes” la integran Agustín, José, Inocente, Silvio, Alejandro, Simeón y Eladi Aragón, todos de nacionalidad nicaragüense, quienes, según la Policía y el Ejército engañaron a las autoridades costarricenses haciéndose pasar como pobladores ticos, para denunciar la presencia de militares nicas en suelo costarricense, lo que generó movilizaciones en ambas naciones.

“Ya recibimos contestación de la autoridad del Organismo de Investigación Judicial, donde ya ellos han orientado a la autoridad correspondiente de Liberia sobre la localización y captura de estos elementos conocidos como Los Tarzanes”, aseveró la comisionada mayor Glenda Zavala, jefa de la Dirección de Auxilio Judicial.

Abogada acusada

Este lunes, la Fiscalía acusó a la abogada Barillas, defensora de los hondureños, por el delito de amenazas de muerte en contra del oficial de la Fuerza Naval, Harold Domingo Blanco Martínez.

El juez local Ronald Wilford dictó como medida cautelar a Barillas la presentación periódica hasta que se realice el juicio oral y público el 22 de noviembre.

Pero la defensora de Barillas, Brenda Alvayero, dijo que el juez Wilford actuó de manera parcializada: “Él alteró el debido proceso, violentó la presunción de inocencia y no permitió que la defensa actuara de manera oportuna”, dice, al tiempo de afirmar que no existe la neutralidad en los funcionarios del Poder Judicial de Bluefields, y que si el fiscal Gerardo Suárez dice que hay narcoabogados y narcojueces, debería de presentar las pruebas.

“Los elementos de pruebas presentados por la Fiscalía en contra de mi defendida (Barillas) no tienen nada que ver con el caso, y nadie puede probar que hemos recibido dinero del narcotráfico. Se violenta el proceso penal cuando el juez da por admitida una acusación sin los suficientes elementos probatorios” dice Alvayero.

Abogada pide extradición de sus reos defendidos

Barrillas pidió a Costa Rica que solicite a nuestro país la extradición de sus defendidos, pero a la vez se contradijo sobre el lugar donde fueron detenidos el pasado primero de octubre. Desde Nicaragua, Barillas ha brindado declaraciones a medios costarricenses, principalmente al Diario Extra, donde descalificó al Ejército de Nicaragua.

La semana pasada, Barillas dijo al diario “Extra” que “fueron detenidos en la ciudad de Bluefields, en la Costa Caribe de Nicaragua”, llamando a la vez al Ejército a probar acusaciones de sus clientes, de quienes asegura fueron golpeados.

“Las Fuerzas Armadas entraron en una panga, los golpearon y casi abusaron de la cocinera. Destruyeron la casa, los cultivos y la propiedad, dicen que había 47 litros de combustible en una panga, que había sicotrópicos. ¿Dónde están?, que los muestren”, comentó la abogada nicaragüense. Pero ayer, Barillas se contradijo al afirmar al mismo medio que los seis hondureños fueron detenidos en Finca Aragón, aunque reconoce que ellos estaban en condición migratoria irregular.

“Los familiares de los hondureños están preocupados e irán a poner las denuncias ante las autoridades de ese país, para poner un alto a la violación de derechos humanos. Ellos temen que serán nuevamente torturados”, añadió.

Fiscal acusa y Red de Mujeres le riposta

El fiscal de la RAAS, Gerardo Suárez, dijo que en Bluefields existen funcionarios públicos e instituciones que están cooperando con el narcotráfico y el crimen organizado, y que en los próximos días una comisión de la Policía Nacional llegará a investigar la vinculación de jueces, abogados y magistrados.

Suárez señaló que algunas mujeres de la Red de Mujeres contra la Violencia y otras del gobierno comunal Kriol de Bluefields están siendo utilizadas por la abogada Barillas para involucrarlas en el caso oscuro del crimen organizado y cooperación con el narcotráfico.

Pero la profesora Leonor Guadamuz, en representación de la red de mujeres, dice que ellas mantienen su respaldo a Barillas (asesora jurídica de la red) como mujer y profesional del derecho. “Nosotros creemos que ella está siendo difamada y la están acusando de actos que no ha cometido, y la defensa que ella hace está en función de su profesión y no por vinculación al narcotráfico”, dijo Guadamuz.

Fiscal racista
Dolene Miller, del Gobierno comunal Kriol, dice que el apoyo de esta organización siempre está en dirección al actuar racista del fiscal Gerardo Suárez. “Podemos ver lo visceral y racista en su acusación en la que dice de que un grupo de matones negros, serían usados por la abogada Barrillas para atacar al soldado de la Naval, lo que es falso”. Miller agregó que el fiscal Suárez tiene pendiente su actuar racista en contra de dos ciudadanos negros que reclamaban sus derechos.

Marta Barillas, quien al salir de la audiencia inicial gritó expresiones en contra de algunos periodistas y medios, de “estar comprados y parcializados en el abordaje de los hechos”. Dijo que ha recibido una serie de amenazas, en la que manifiestan que si no se separa del caso (defensa de los seis hondureños), le asesinarán a sus hijos, y señala al capitán de la Fuerza Naval, Ángel Fonseca Donaire, jefe militar en la RAAS, y al mayor Róger González Díaz, de las supuestas amenazas.

El capitán Fonseca dijo que a raíz de los sucesos no ha sostenido conversación alguna con Barillas, y niega la acusación. “Lamento que la Señora Barillas use sus recursos de especulación, ella debe defenderse apegada al derecho”, señaló.

(Con la colaboración de Jesús Salgado y Sixto Valladares).