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Como una vital herramienta de campaña a favor del orteguismo, ha sido utilizada hasta hoy la valiosa franja costera de Playa Amarillo, localizada en la comarca Gigante, del municipio de Tola, donde más de 500 personas han permanecido desde inicios de la década de los 90, a la espera de que les entreguen sus títulos de propiedad y mientras eso ocurre, siguen aferrados a las promesas de campaña del presidente Daniel Ortega.

Documentos en poder de EL NUEVO DIARIO revelan que las principales figuras del orteguismo, desde antes de retomar el poder, han manifestado en cada campaña electoral a los pobladores de Tola, que dichas tierras les pertenecen y que se las legalizarían.

Pero desde que el presidente Ortega asumió el poder, en enero de 2007, la millonaria costa de Playa Amarillo continuó siendo sólo una herramienta propagandística, ya que a la fecha los demandantes de esa área continúan esperando que les entreguen los títulos de esta ensenada, considerada la “Playa Dorada” de Tola.

Una carta dirigida al presidente Ortega el 4 de agosto de este año, revela cómo en la campaña electoral nacional de 2006, se usó como instrumento propagandístico la supuesta entrega de la franja costera a favor de los toleños.

Ordena desmembración y después la cancela

En el documento se relata que una vez que el presidente Ortega llegó a Tola el 11 de diciembre de 2006, orientó desmembrar 30 de las 71 manzanas que integran la ensenada de Playa Amarillo, a favor de los habitantes y de los pescadores del lugar.

Para entonces, las 71 manzanas las reclamaba el inversionista Bayardo Argüello, 14 ex miembros de la Resistencia que presentaban títulos agrarios, y el ex militar César Trinidad Ibarra y nueve personas más, que fueron favorecidas con un titulo agrario emitido el 16 de enero de 1988, y fue a éste a quien se le reconoció en ese entonces la posesión, porque con base en este título agrario se desmembró las 30 manzanas, a favor de tres personas que representarían a los pobladores, según la escritura pública 99, del 30 de diciembre de 2006.

Pero para sorpresa de los pobladores, en el primer año del presidente Ortega, se canceló la inscripción de la propiedad que estaba a favor de Trinidad Ibarra en el Registro Público de Rivas, con numero 35,660, asiento dos folio, 42 y 54, tomo 381 del Registro Público de la Propiedad de Rivas.

La solicitud de cancelación que dejaría sin efecto la desmembración de las 30 manzanas a favor de los pobladores la formuló en septiembre de 2007 el propio Procurador General de la República, Hernán Estrada, ya que así lo demuestra la escritura número 558 de minuta descriptiva, que se presentó el 12 noviembre de 2007, ante el registrador público de Rivas, Pedro Muñoz.

Para las elecciones municipales de 2008, el partido de gobierno simuló otro segundo intento de legalización de la propiedad a favor de los pobladores. Esta vez el ex procurador de la zona sur, Wilber Ibarra Blanco, y el entonces candidato alcalde de Tola, José Ángel Morales, llegaron días antes de las elecciones a la comarca El Limón Uno, a entregar en nombre del presidente Ortega nueve títulos que acreditaban a más de 500 pobladores como dueños de las 30 manzanas de la ensenada de Amarillo, pero hasta hoy dichos títulos nunca fueron inscritos.

Tercera promesa de campaña

Según fuentes de la PGR, ahora la idea es volver a entregar los títulos de manos del propio presidente Daniel Ortega, quien daría los documentos a favor de 670 personas, el 11 de diciembre, durante una visita a la tumba del padre Gaspar García Laviana, ubicada en Tola.

Cabe señalar que en toda esta trama se notan las irregularidades a simple vista, ya que el 21 de septiembre de 2009, el mismo procurador Estrada rectificó la minuta descriptiva, en la que desconocía las 71 manzanas de Trinidad Ibarra y señala que por un error involuntario se solicitó inscribir toda la propiedad a favor del Estado en el tomo 421, folio 173 al 178.

Sin embargo, en su corrección reconoce el titulo agrario de Trinidad Ibarra, pero extrañamente no reconoce la desmembración de las 30 manzanas a favor de los pobladores y las inscribió a nombre del Estado.

Tras ser consultado sobre la confusa situación legal de Playa Amarillo, el registrador público de Rivas, Pedro Muñoz, detalló que todas las cuentas que tienen que ver con las 71 manzanas de Amarillo, no tienen en este momento valor legal alguno, y que ni el mismo Estado está bien jurídicamente tras detallar que hay dos demandas que se están ventilando en el Juzgado de Distrito Civil de Rivas.

Una de las querellas es la apelación que hizo en septiembre de 2006, Bayardo Argüello, quien solicitó la cancelación de la cuenta registral que estaba a favor de Trinidad Ibarra, la cual fue aceptada por la juez Jenny Chávez el 13 de septiembre de 2007, y, por ende, Trinidad Ibarra apeló la sentencia, pero a la fecha la judicial no se ha pronunciado.