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  • EFE

Grupos defensores de derechos humanos pidieron hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) que actúe "a tiempo" ante el "deterioro" de la democracia en Nicaragua y para prevenir males mayores en el futuro.

En una audiencia privada, que forma parte del período número 140 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (Cejil) expusieron sus denuncias sobre las prácticas del gobierno de Daniel Ortega. "Presentamos el deterioro de las principales instituciones del Estado y la forma de gobernar del presidente por decreto, que es una de las características de los Gobiernos totalitarios", afirmó Vilma Núñez, presidenta del Cenidh.

Y con detalle, Núñez explicó la "crisis judicial" que vive el país, en alusión a la sustitución de jueces liberales en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por magistrados nombrados por la Asamblea Nacional.

El gobierno nicaragüense defiende la medida como "legal" y la justifica como un modo de resolver la crisis institucional que afronta el Poder Judicial, que se agravó el 14 de junio pasado. En esa fecha se venció el período del presidente de la CSJ, el liberal Manuel Martínez, y de los presidentes de las Salas de lo Constitucional, de lo Civil, de lo Penal y de lo Contencioso Administrativo.

Los magistrados liberales se negaron a formar Corte Plena para elegir al nuevo presidente de la CSJ y los presidentes de las Cuatro Salas en que está dividido el Poder Judicial. Su intención era no legitimar un decreto del presidente, que prorrogó el mandato de 25 funcionarios, entre ellos dos magistrados sandinistas, con períodos de cinco años vencidos.

Maniobra de Ortega
En el fondo de esta "crisis", grupos como Cenidh ven una maniobra de Ortega para defender su reelección, que se garantizó en un polémico fallo emitido en octubre de 2009 por el Consejo Supremo Electoral (CSE), pero con el rechazo de los magistrados no afines al Gobierno.

Para Núñez, un año después, la situación política del país ha llegado a "un callejón sin salida" porque "los recursos internos" de denuncia "ya no funcionan". "Los designados para resolverlos (los problemas) son los actores principales de la crisis", aseguró y, por eso, su organización recurrió a la CIDH, comentó. "Hicimos un llamado a la comunidad internacional para que se fijen en la situación de Nicaragua, porque aparentemente están esperando hechos más dramáticos, como que la sangre corra por las calles para entonces sí preocuparse", expresó la activista.

En la audiencia, que fue privada "por el temor a las represalias", Núñez expuso también que "la política del miedo se ha apoderado prácticamente de la población". "La gente no reclama, la gente casi no protesta, porque tienen miedo a ser golpeados y agredidos por esa fuerza de choque", señaló, en alusión a supuestos afines al sandinismo que se manifiestan en protestas.

OEA debe discutir abiertamente
Por su parte, Marcia Aguiluz, abogada de Cejil, afirmó que "hay hechos muy claros" en Nicaragua que demuestran la nula división de poderes e instó a la OEA a "discutir abiertamente esta situación, que está afectando la democracia", aseguró. En ese sentido, alertó que los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos ya se han probado que "fallan", como ocurrió en el golpe de Estado de Honduras que sufrió el gobierno de Manuel Zelaya el pasado 28 de junio de 2009.

Pero consideró que "en el caso de Nicaragua" se está "a tiempo de prevenir una situación mayor, pero se requiere que eso discuta". "Si la respuesta de la OEA es callar ante todos esos acontecimientos, pues no sabemos que es lo que pueda pasar en este país", alertó.

La CIDH ha solicitado varias veces desde hace cuatro años una visita a Nicaragua, pero el Gobierno ha pospuesto la misión al haber evitado dar una fecha, según confirmaron fuentes de la comisión.