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El gobierno del presidente Daniel Ortega no sólo trasladó los recursos presupuestados del Sinapred a los militares de Defensa Civil, sino que además endureció las medidas de control de todos los fondos extraordinarios que para mitigar emergencias pueda conseguir la institución.

Así lo detectó Yassir Chavarría, investigador del Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas (Ieepp), en un análisis a la Iniciativa de Ley del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, Sinapred, que el presidente Ortega propuso a la Asamblea Nacional en septiembre pasado.

“En el fondo, se viene a dar un giro de 180 grados en el manejo de la situación del Sinapred, porque ahora es Defensa Civil la que asume la dirección y la coordinación de todas las instancias operativas del sistema nacional, esto lo podemos ver en varios de los artículos de las reformas, pero principalmente en el artículo 20, correspondientes a las funciones de la Secretaria Ejecutiva, donde se le quitan las atribuciones establecidas en la Ley 337, y se le agregan funciones nuevas que son de carácter administrativas al nuevo mando de ley”, dijo Chavarría.

Entre estas nuevas funciones figuran los controles y manejos de los recursos financieros de la institución, luego de que la CGR confirmara a EL NUEVO DIARIO una serie de anomalías en la institución, como es el faltante de soportes hasta por C$ 160 millones supuestamente ejecutados entre 2007 y 2010.

Ejército con doble partida

“A través de dos vías, se alimentará al Ejército un presupuesto anual que ya le corresponde, más otra parte de los fondos hacia Defensa Civil, entonces si no hay control efectivo sobre los manejos de recursos estatales en el Ejército, estamos ante un hecho evidente de falta de transparencia, sin rendición de cuentas, éstas son algunas ventanas que nosotros creemos que deberían ser aclaradas por el Sinapred”, observó Chavarría.

“El Sinapred, organismo encargado de recibir los fondos financieros y presupuestarios, donaciones de materiales y equipos, tal como está dispuesto en la Ley, ahora podrá descentralizar los mismos de acuerdo con los requerimientos del Estado Mayor de la Defensa Civil (EMDC), como organismo especializado y permanente en la preparación, respuesta y atención en casos de desastres o calamidades públicas”, dice la exposición de motivos de la iniciativa de ley a la que END tuvo acceso.

El artículo 12 de dicha iniciativa de ley, en el acápite denominado “Del Fondo Nacional para Desastres”, se establece que al Fondo Nacional para Desastres, creado por la Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, Ley No. 337, aprobada el 8 de Marzo de 2000, se le asignará una partida presupuestaria dentro del Presupuesto General de la República.

“Esta partida podrá incrementarse con los aportes, donaciones, legados o subvenciones y contribuciones de personas, sean estas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras”, dice la propuesta de ley. Ahí se dice que los citados Fondos estarán a disposición del Estado Mayor de Defensa Civil, a través del Consejo de Administración del Fondo, que es donde se amplía la participación de otras instituciones para los manejos del dinero.

Según Chavarría, donde se observa un mayor control de los recursos en la nueva propuesta del presidente Ortega, es en los llamados “Órganos del Fondo”, que lo integran el Consejo de Administración del Fondo y la Secretaría Ejecutiva del Sinapred.

Quiénes controlarán la plata

El Consejo de Administración del Fondo estará integrado por tres miembros del Consejo Nacional, o sus representantes: el Secretario General con rango de Viceministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá.

También el Secretario de Cooperación Externa con rango de Viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Presidente Ejecutivo del Fondo de Inversión Social de Emergencia, el Jefe de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, el Subdirector de la Policía Nacional en el área de Gestión y el Secretario Ejecutivo del Sinapred.

Las funciones de este Consejo de Administración serán: autorizar el financiamiento de actividades relacionadas con los propósitos del Fondo, a solicitud de los miembros del Consejo Nacional o su Presidente, los Consejos Regionales, Departamentales, Municipales y Locales, indicando los términos, cuantía y condiciones de ejecución que estime más conveniente, previo análisis técnico financiero de lo solicitado. La denegatoria del financiamiento deberá ser fundamentada, de acuerdo con términos de ley.

Una de las disposiciones de dicha ley, respecto a los recursos, establece con claridad lo siguiente: “Administrar de forma eficiente los recursos del fondo, sin que en ningún momento se afecte la disponibilidad inmediata de los recursos, ni se arriesgue su pérdida”.