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Recuperar su humilde casa para descansar en ella sus últimos días, se le ha hecho imposible a la anciana Olga Yolanda Gómez Martínez, de 80 años, quien tenía las esperanzas en que la jueza local civil de Rivas, Carolina Quintana, la dejara en posesión de su vivienda a través de una demanda de acción de desahucio por restitución de inmueble por vía de inquilinato, pero al final ni la judicial pudo hacer efectivo el desalojo, al que se opusieron militantes del partido de gobierno.

Con documentos en mano, la anciana demostró que la casita que le alquiló desde hace cuatro años a Galina Velásquez Munguía, le pertenece, y que desde hace más de un año ha solicitado que se la desocupen.

Ante la negativa de la inquilina, la anciana procedió a entablar la demanda de desahucio en el Juzgado Local Civil de Rivas, y el 30 de junio del presente año la juez Quintana falló a su favor.

Después del fallo, la juez procedió a realizar el desalojo el 22 de octubre, cuando en horas de la mañana se presentó a entregarle a Doña Olga su casa, ubicada en Villa Unidad, conocida en la ciudad de Rivas como Villa Ofembach.

Sin embargo, la judicial no pudo cumplir con su misión y más bien enredó más las cosas, al dejar a la dueña dentro de la casa con su inquilina, quien se negó a salir, aduciendo que el gobierno le dijo que no saliera, y a la vez contaba con el respaldo de los CPC del lugar, según la queja de la anciana, quien al final prefirió salir de su casa antes de ser golpeada.

El acta de desalojo se cerró a las 8:22 de la mañana, y, en conclusión, la jueza señaló que Velásquez Munguía cometió desacato, ya que aunque se logró sacar sus pertenencias, ella siempre permaneció adentro, y una vez que doña Olga se marchó, procedió a meter nuevamente sus artículos.

Anciana adquirió casa de Invur
La casa que reclama doña Olga, la adquirió del extinto Banco de la Vivienda de Nicaragua, Bavinic, ahora Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, Invur, ya que así lo evidencia la escritura 50 de desmembración y compra venta de inmueble, fechada el 22 de octubre del 2007 en Managua ante el notario de la Procuraduría General de la República, PGR, Demesio René Toruño Real, y en la que Hernán Estrada comparece en representación del Estado.