Rafael Lara
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Para la Red de Mujeres contra la Violencia, definir el feminicidio, tomar medidas preventivas contra éste en las instituciones y comenzar el camino para su introducción en el Código Penal, es un paso importante para Nicaragua, sin embargo, la necesidad de lograr un consenso amplio y enriquecerlo en un anteproyecto de ley también lo es.

Fátima Herenia Amaya Parrales, quien es parte del eje de desarrollo estratégico de la Red de Mujeres, señala que aplauden la iniciativa del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María Elena Cuadra”, ya que el feminicidio o el homicidio o asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, donde el Estado no da respuesta a través del sistema de justicia, es una situación grave en nuestro país.

“Hasta el momento se contabilizan 79 muertes de mujeres, y contabilizando y tomando en cuenta que 79 mujeres son las víctimas de todo el año pasado, significa que 2010 cerrará con una cifra más alta que 2009”, dijo la licenciada Amaya. Expresó que la propuesta es interesante e integra varios elementos como la definición del feminicidio, medidas cautelares, medidas de prevención, y amplía la definición de acoso sexual entre otros elementos imperativos a estar presentes y a ponerse en marcha.

“Sin embargo creemos que el anteproyecto debió ser más enriquecido, pues consultaron a 19 organizaciones de mujeres de unas 200 que existen en el país”.

Por otra parte, consideró impropio que el diputado Wilfredo Navarro estipulara un plazo para su introducción en la Asamblea Nacional, ya que esto es sospechoso y puede prestarse a un interés particular y con alguna intencionalidad no expresa.

“Decimos que no era el momento, pues estamos en las puertas de una contienda electoral y esto se puede prestar a manipulación y clientelismo político, con tal obtener mayores votos”, comentó, explicando que esto puede ser positivo o negativo, ya que la propuesta podría ser aprobada rápidamente, y lo negativo es que se haga de manera apresurada dejando una serie de inconsistencias, para ser parchada como las otras leyes.

“Necesitamos una ley que sea activa, no que termine en letra muerta después de ser aprobada en la Asamblea Nacional”, expresó la licenciada Amaya, mencionando que esperan que ambas organizaciones puedan trabajar juntas para enriquecer el contenido con una consulta más amplia, que incluya, además de especialistas, a las víctimas sobrevivientes de la violencia intrafamiliar.