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Donald Castillo, Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes de Nicaragua, Ajupin, y de la Red de Asociaciones de Adultos Mayores, fue enfático al afirmar que el reclamo de cumplimiento de pensiones reducidas los llevará nuevamente a las calles, esta vez con medidas más fuertes.

No está para nada contento con la propuesta de bono-pensión de mil córdobas que hiciera el viernes el gobierno, calificándola de “ilegal e ilegítima” y advirtió que entre las medidas que podrían emprender está la toma de las delegaciones departamentales del Instituto Nicaragüense de Seguro Social, INSS, de todo el país. Eso, informó, lo definirán en una asamblea mañana.

“Es una propuesta ofensiva carente de base, completamente con un criterio discrecional, un criterio entre mentiroso y paternalista”, valoró el también directivo de Ajupin, Benjamín Pérez, tomando en cuenta que por tratarse de un bono carece de respaldo legal.

“Es algo que está supeditado a la voluntad de una persona que da ese dinero a la voluntad de otra que lo recibe. Algo que nunca se ha podido aclarar es si es deuda de Nicaragua o no, o si es una relación personal entre dos gobernantes”, criticó.

No es caridad

Pérez recordó que la demanda de los adultos mayores tiene un respaldo legal, y que, de cierta forma, se ha respondido cual si se tratara de hacer caridad. Incluso, la misma oferta gubernamental la entiende hasta como un “chantaje”, puesto que muchos de los probables tres mil beneficiarios pertenecientes a la Unidad Nacional del Adulto Mayor, UNAM, se pueden ver tentados a aceptar, obligados por “la carencia y la situación caótica de estas personas”, opinó Pérez.

Señaló que la oferta puede crear divisionismo a lo interno de la UNAM entre los que quieren aceptar y los que no. “La hermosa lucha que han librado no es para merecer mil córdobas”, agregó.

El presidente de Ajupin rechazó molesto la propuesta que el gobierno hiciera para los afiliados de la UNAM. “A esos señores que les den mil córdobas o quinientos les están dando una limosna y no les están resolviendo la pensión reducida”, declaró vía telefónica.

En campaña, Ortega prometió... ahora ni los recibe

Decepcionado, Castillo recordó que dar respuesta al problema que ahora los mantiene en pie de lucha, fue una promesa que el presidente Daniel Ortega hizo a los adultos mayores cuando necesitaba votos para ser electo.

A un año de terminar su gestión, Ortega ni los atiende, aseguró. “Al presidente se lo hemos planteado desde 2006, cuando andaba en campaña y él nos quedó de resolver. Todo el tiempo le hemos mandado (las propuestas). Ahorita las propuestas primero se las fuimos a dejar a Daniel Ortega”, compartió Castillo.

Pérez también dijo no olvidar cuando él y el presidente de Ajupin recibieron una carta de invitación para sentarse con el entonces candidato a presidente, firmada por Rosario Murillo. “Nos atendieron a las mil maravillas… le planteamos este caso, indudablemente que nos prometió el oro y el moro, desde entonces venimos con esta lucha, y apenas llegó a gobernante empezamos a pedirle una audiencia que no nos ha sido concedida. Hace ofertas y promesas sin recibir a nadie”, criticó.

Inflan cifras

Castillo sostuvo que lo que exigen es el cumplimiento del artículo 49 de la Ley de Seguridad Social, cuyo contenido dice que las personas que cumplidos los 60 años de edad no hayan logrado completar las 750 cotizaciones para el derecho a la pensión por vejez, pueden ser beneficiadas con la pensión reducida, equivalente al 40% de su salario mínimo; aplican quienes hayan cotizado al Seguro Social cinco años o acumulado 250 cuotas.

El total de ciudadanos en esta situación es de 20 mil, afirmó Castillo, y no 67 mil como ha expresado Roberto López, para declarar incapacidad de dar solución a las demandas.

Para aclarar este punto, Pérez dijo que “vamos a obligar si se quiere al Seguro Social a que haga un censo”, y llamó a los 20 mil afiliados que tiene Ajupin en todo el país, a que se acerquen a las delegaciones y se reporten como personas con derecho a pensión reducida y así quede claro de cuántas personas son realmente.

Pérez, además, recordó a los adultos mayores sandinistas que a ellos también se les está negando el derecho a la pensión, y, por lo tanto, hacerles ver la importancia de sumarse a las demandas.