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“El panorama de la violencia contra la mujer y su falta de acceso a la justicia es peor que el panorama observado primeramente en las cifras oficiales”, fue la impresión de la misión internacional sobre “Acceso a la Justicia para las Mujeres en Mesoamérica”, que ayer presentó sus conclusiones.

María Victoria de Paulo, de la fundación del Consejo General de la Abogacía Española, comentó que “la situación de violencia contra la mujer es mucho más preocupante de lo que en un principio pensábamos al ver los datos oficiales”. Esto, después que ella y especialistas de México, Guatemala, El Salvador y Costa Rica tuvieran un encuentro con organizaciones, funcionarios gubernamentales y víctimas de la violencia de género en nuestro país.

Indicó que conocen de las limitaciones de todos los gobiernos de la región en dotar de presupuestos suficientes al sistema de justicia, sin embargo hay una serie de desajustes que son inapelables y que el Estado de Nicaragua debe abordarlo, ya que la mayoría no responden a necesidades de dinero, sino que responden a cambios de mentalidad.

“Por mucho que se cambien las leyes, éstas no cambian la mentalidad de los jueces, policías o fiscales, bajo una perspectiva patriarcal que lleva a resultados injustos”, alega.

Entre las recomendaciones están la profesionalización de los jueces en materia de género, la necesidad de juzgados especializados en violencia contra las mujeres con competencias en materias civiles y penales, asimismo, medidas de protección hacia las víctimas para que la mujer después de poner la denuncia no tenga que regresar a su casa con el agresor. Por otra parte, la víctima debe ejercitar la acusación en igualdad de condiciones y ser protagonista en todo el proceso.

La mexicana Julia Monárrez, Doctora en Ciencias sociales con especialización en Estudios de la Mujer y Relaciones de Género, señaló que algunos de los factores para la falta de acceso a la justicia para las mujeres son la desigual distribución económica de la riqueza social; la división de las personas: las que cuentan y las que no, el que tiene dinero para comprar su inocencia; pactos políticos que garantizan los intereses de los grupos en el poder y dejan en el desamparo a quienes exigen justicia.

“Este tipo de violencia contra la mujer y también contra los hijos es un mensaje para que quienes no se porten bien o se pasen de la raya marcada por el agresor, pueden terminar mutiladas o muertas”, expresó Monárrez, agregando que el mensaje de impunidad es grave para la seguridad de las mujeres y un país que se dice democrático no puede permitirse esto.

Señaló que el informe de país y el comparativo en la región serán entregados a las organizaciones de mujeres y a las instancias gubernamentales encargadas del sistema de justicia del país.