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La procuradora especial para las personas con discapacidad, Rosa Salgado Álvarez, dio a conocer los resultados obtenidos sobre la fiscalización que realizaron en cinco instituciones del Estado, en los departamentos de Boaco y Chontales, verificando si éstas cumplen con emplear a personas con capacidades diferentes, como lo manda la Ley 202.

El estudio fue presentado a “Los Pipitos”, a la Organización de Ciegos de Nicaragua (OCN) y a la Asociación de Programas Integrales Comunitarios Astridelam, Asopiecad.

De acuerdo con el trabajo de las instituciones fiscalizadas, la Procuraduría Especial encontró que sólo en dos tienen trabajadores con problemas de discapacidad, dijo Salgado Álvarez.

Entre las instituciones del Estado fiscalizadas en Boaco y Chontales estaban las alcaldías, ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Familia, y sólo las dos primeras son las que cumplen la ley.

Según la funcionaria, la Ley 202, que en su artículo 13 inciso “B”, obliga a las instituciones a que den empleos a las personas con discapacidad, tiene de estar vigente 15 años, pero no se está cumpliendo.

Manifestó que debido a que son pocas las instituciones que contratan a personas con capacidades diferentes, recomendó a los funcionarios públicos que se instruyan en el marco jurídico sobre los derechos que dichas personas tienen.

Maryam Collado, Procurador Regional de Boaco y Chontales, lamentó que las instituciones del Estado no cuentan con una infraestructura accesible para el trabajador con discapacidad.

“Existen desniveles en los baños, no hay barras especiales para que se pueda sostener el discapacitado”, recalcó Collado, quien pidió al gobierno preocuparse por este sector poblacional y generarles empleos, para cumplir con la construcción de la infraestructura adecuada.

SOS de una madre

Nimia Miranda, de 52 años, de La Batea, Muelle de los Bueyes, pidió a “Los Pipitos” que le ayuden con su hija María Estela Miranda, de 31 años, quien padece de poliomielitis desde que era pequeña.

Aseguró la afectada que ella ya no puede más cuidar de su hija por la edad avanzada que tiene, y que además está sin trabajo y depende económicamente de otra hija, que trabaja como doméstica en Juigalpa.

“Soy pobre y no puedo más con mi hija enferma, no me la aguanto y ella no tiene silla de ruedas para movilizarse”, dijo la señora Miranda, quien aseguró que padece de artritis crónica.