•  |
  •  |
  • END

La salud de María Luisa Maltez, detenida ilegalmente desde hace mes y 13 días en el Sistema Penitenciario La Esperanza, se deteriora cada vez más, en espera de la anhelada libertad que le fue concedida por la juez Primero Distrito de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata.

Maltez, aunque fue condenada por almacenamiento de estupefacientes en 2008, fue beneficiada el primero de octubre pasado con la suspensión de la pena, por no tener antecedentes y tener condena menor a los cinco años de prisión.

Según su hija, Carolina Vallecillo Maltez, el jueves pasado, día de visita, se enteró que su mamá estuvo internada tres días en el Hospital “Manolo Morales”, porque el azúcar se le subió a 500, por el estrés y desesperación que le ha causado estar en espera de su libertad.

“Van a matar a mi mamá, porque ella padece de azúcar (diabetes) y la zozobra de no saber cuándo al fin la van a liberar, la tiene mal. Le dijeron que en tres días la sacaban y ya vamos por mes y medio y nada”, expresó Vallecillo.

En la misma situación se encuentra Rosaura Castillo Barrantes, condenada por el mismo delito y a quien también le otorgaron la suspensión de la pena.

Largo proceso solo con pobres

Según familiares de las quejosas, autoridades del Sistema Penitenciario les han manifestado que la demora se debe a que la orden de libertad llega al Ministerio de Gobernación, luego éste las envía al Sistema Penitenciario Nacional en Tipitapa y finalmente las manda a la Esperanza.

“Ya fuimos a todas las instancias, dicen que el proceso es largo y que las órdenes no han llegado a La Esperanza y que tenemos que esperar”, dijo Carolina.

EL NUEVO DIARIO llamó a María Auxiliadora Urbina, procuradora de cárcel, para saber qué pasaba con la situación de las dos procesadas, pero no contestó su celular. En el Sistema Penitenciario tampoco hubo respuesta.

Los familiares de las procesadas solicitan a las autoridades implicadas que agilicen el trámite, ya que están violando los derechos de ambas mujeres que ya sobrepasan los 50 años de edad.

Además reclamaron por qué cuando el convicto es un gran narcotraficante no cumplen con ese largo proceso para hacer efectiva la libertad y los entregan de inmediato como lo sucedido en Chinandega el año pasado, que luego salieron diciendo que era fuga y con los pobres hacen lo contrario.