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Reunido ayer el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con los representantes de los demás Poderes del Estado y de las instituciones de rango constitucional, acordaron en consenso mantener a los soldados nicaragüenses en el polémico territorio denominado Harbour Head, sustraerse de la Organización de Estados Americanos, en lo relacionado con el conflicto Costa Rica-Nicaragua; continuar el dragado del Río San Juan y requerir en la comisión binacional, y de ser necesario ante La Haya, la libre navegación por el río costarricense “Colorado”, para “equilibrar privilegios” con el vecino del sur.

El mandatario fue enfático al reiterar que la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el 13 de junio de 2009, ratifica el Laudo Cleveland en cada una de sus partes, por lo cual “no existe ningún conflicto de límites con la República de Costa Rica”.

“Esa sentencia le puso punto final a cualquier pretensión de Costa Rica y hoy es cosa juzgada, en consecuencia, lo único que está pendiente por hacer es la instalación de los mojones, a lo que nuestro país se encuentra totalmente anuente”, manifestó el presidente Ortega, según el primer punto de la declaración firmada por los representantes de los demás poderes del Estado: Electoral, Judicial y Legislativo.

“Sustraerse” de la OEA

En el segundo punto se destaca la “desorganizada” sesión celebrada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, el pasado viernes 12 de noviembre, por lo cual “Nicaragua se ve en la obligación de sustraerse de cualquier actividad de la OEA, que tenga que ver con el dizque conflicto de Costa Rica con Nicaragua”.

El presidente reiteró en este punto que la OEA, “por su naturaleza misma, es un órgano político y no tiene ninguna competencia para conocer de ningún conflicto de límites”.

“No es corte ni tribunal, Nicaragua no va a concurrir a la OEA a discutir la soberanía y el dominio de nuestro territorio”, dijo Ortega.

“Punto de equilibrio”

En el tercer punto del documento --según la lectura del mandatario-- se propone que “Costa Rica acepte que Nicaragua reciba el mismo tratamiento para transitar por el río Colorado, ya que Costa Rica puede recorrer por el Río San Juan 140 kilómetros y luego transitar por el río Colorado, cuyo caudal tiene agua permanente gracias a los lagos y ríos de Nicaragua”.

Ortega reiteró que el afluente del río Colorado se alimenta en un 90 por ciento del Río San Juan, y también explicó que “la utilización y navegación de los ríos por varios países, y la servidumbres por pasos, no son nada nuevo en el derecho internacional público”.

Además, manifestó que con este último planteamiento, buscan un “punto de equilibrio y de justicia”. “Así como ellos se benefician del Río San Juan, también nosotros podamos optar con las mismas condiciones que ellos, para navegar por el río Colorado con prerrogativas, con las mismas facilidades y privilegios que tiene Costa Rica para navegar sobre nuestro río”, expresó Ortega, ante la mayoría de los funcionarios de su gobierno.

El mandatario mencionó que la navegación nicaragüense sobre el Colorado podría ser objeto de la comisión binacional y en defecto de una petición ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Continúa dragado

Asimismo, Ortega ratificó que Nicaragua “en ningún momento ha invadido territorio extranjero” y reitera su derecho a continuar la limpieza y el dragado del río San Juan, “así como su voluntad de diálogo y negociación en la solución pacífica de los conflictos”.

En la reunión de tres horas y media en la "Casa de Los Pueblos", también se decidió la formación de un “Consejo de defensa de la paz y la soberanía de Nicaragua”, compuesto por todos los representantes de los poderes del Estado y los representantes de las instituciones de rango constitucional.

En la reunión estuvieron presentes los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral, encabezados por Roberto Rivas, los miembros directivos de la Asamblea Nacional, los contralores de facto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluso Manuel Martínez, el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez e incluso el contralor también de facto, Guillermo Argüello Poessy, entre otros.