Carlos Larios
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El propio ex magistrado Roberto Rivas, presidente aún del Consejo Supremo Electoral (CSE) gracias al “decretazo presidencial”, y el mismo Ministerio Público quienes denunciaron en la Policía Nacional los supuestos daños y amenazas por parte de varios jóvenes que el pasado 9 de noviembre tiraron huevos a las instalaciones ubicadas en las inmediaciones de la Rotonda Rubén Darío.

La jefa de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionada mayor Glenda Zavala, afirmó que “estamos investigando, hay un oficio que envió el Ministerio Público para que hiciéramos algunas diligencias sobre el caso. En segundo lugar, el doctor Rivas denunció también mandando un documento a la jefatura de la Policía para que se investigara el caso”.

La jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionada mayor Vilma Reyes, en declaraciones anteriores se limitó a decir que se trataba de una inspección que pidió la Fiscalía, pero omitió que Rivas también había denunciado. Mientras, el Fiscal General de la República, Julio Centeno, anteriormente dijo que la queja la había puesto el CSE a la Policía y no la institución que representa.

Buscan identificar a jóvenes

La jefa policial dijo que actualmente están realizando las investigaciones del caso para conocer identidades de las personas que participaron en la protesta. “Nosotros estamos haciendo los actos de investigación pertinentes, en este caso inspecciones, podríamos hacer reconocimientos de personas (ya que) hay algunas fotografías y (las placas de) vehículos para que nos lleven a identificar quiénes son las personas y los vehículos que pasaron por el lugar realizando ese tipo de actividad”, aseveró Zavala.

A la pregunta sobre si el ex magistrado habría denunciado que dañaron el edificio del CSE, la comisionada mayor respondió: “El hecho de que a usted le pinten una pared es un daño, está tipificado en el Código Penal, nosotros dentro de la investigación vamos a ver qué tipo penal le corresponde de acuerdo a lo que encontremos”, justificó.

Otros casos duermen

El periodista de la Coordinadora Civil, Mario Sánchez, quien fue agredido por turbas orteguistas, el pasado 8 de agosto de 2009 dirigidas por la entonces viceministra de Turismo, Meylin Calero, recordó que la Policía no ha cumplido con la ampliación de su caso que supuestamente habría solicitado la Fiscalía, para así poder realizar la acusación correspondiente en contra de sus agresores.

La jefa policial dijo que mandaron un informe del caso a la Fiscalía, pero expresó no recordar si dicha institución les solicitó una ampliación. “Hay diligencias que las puede orientar el Ministerio Público, pero que algunas veces se hace difícil poderlas realizar porque depende de lo que te mandan a pedir; a veces te piden que identifiques personas y puede tardar un tiempo porque en un grupo de 100 personas, identificar es difícil”, se excusó.

Pero Sánchez dijo que sus agresores están identificados y que incluso facilitaron fotos y videos de éstos.