Luis Galeano
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La transparencia en el sistema de compras del Estado entró a prueba a partir del pasado lunes 8 de noviembre cuando apareció publicada en La Gaceta, diario oficial, la nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, Ley 737, aprobada “en un abrir y cerrar de ojos” por los diputados el pasado 19 de octubre.

La nueva Ley cambió varios elementos importantes considerados “candados” que tenía la fenecida Ley 323, para evitar acciones irregulares en las compras del Estado, le quitó la facultad a la Contraloría General de la República, CGR, de administrar las licitaciones, contrataciones directas y exclusiones de procedimientos, (ahora Contrataciones Simplificadas) y dio lugar a nuevas figuras para la adquisición de bienes y servicios.

La hora de la verdad

Para César Martínez, Coordinador de Proyectos de Transparencia, del organismo cívico Ética y Transparencia, EyT, la entrada en vigor de la ley se convierte en un reto para demostrar que las compras serán más transparentes, más hábiles y que la nueva ley es mejor que la anterior.

EyT fue uno de los organismos de la sociedad civil, que más criticó la elaboración de la ley, los vacíos que contenía y los riesgos que se corrían al aprobarla de la manera que al final se hizo, incluso pidió oficialmente a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, que se evitara dar paso a la nueva norma por las proximidades del año electoral, sin que esa solicitud tuviese eco.

La Ley 737 indica que todos los procesos de licitación, compras, exclusiones y contratos, deben ser puestos a la vista de la población a través del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas, Siscae, aun cuando en la actualidad 74 de las 85 entidades del sector público, utilizan “regularmente” el portal www.nicaraguacompra.gob.ni y cuando lo hacen, no publican todos los procesos o etapas de contratación que ejecutan. En el caso de las alcaldías sólo 38 de las 153 del país hacen uso del portal.

“Se dice que las Contrataciones Simplificadas, los contratos, también se van a publicar, pero se contrapone a las mismas evaluaciones que ha hecho el Ministerio de Hacienda que dicen no existe capacidad institucional para cumplir con los retos que planteaba la Ley 323 y que son mayores con la nueva ley vigente”, dijo Martínez.

Los posibles trucos

En cuanto a la transparencia en los procesos, se verá la manera en que se va a cubrir los vacíos que contiene la nueva norma y que dan espacio a actos anómalos.

“Está por verse si la competitividad de las empresas crece a como se alegó, porque fue una de las causas más insistentes para cambiar la anterior norma por engorrosa y vieja”, añadió.

¿Y el reglamento?

El funcionario de EyT dijo que una cosa que no se puede perder de vista es que está pendiente de aprobarse el reglamento de ley, que se encuentra en manos del consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y que supuestamente subsanará varios vacíos de la ley aprobada.

“Esto es peligroso, porque en la Ley 323 se dejó un numeral K con la famosa frase de ‘interés público’ como causal de exclusión de procedimientos y por ahí se fueron millones de dólares sin control, sólo porque no había definición en materia excluida y cosas como esas están en la ley nueva”, dijo Martínez.

Recordó que en todo caso el reglamento es potestad del Poder Ejecutivo, no de la Asamblea Nacional, aprobarlo y que por tanto los acomodos podrían darse de conformidad con sus designios. “Aunque se prometió la conformación de un comité interinstitucional para dar seguimiento y hasta la fecha no ha pasado nada”, concluyó.