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Pobladores de San Juan del Norte que observan el dragado de la desembocadura del río San Juan como una acción necesaria y soberana, dicen que con este esfuerzo también deberán recuperarse las islas que por los cúmulos de sedimentación o “malintencionadamente” están anexadas a territorio costarricense.

Pero también los lugareños demandan de las autoridades del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena, el monitoreo permanente del Estudio de Impacto Ambiental para prevenir los efectos negativos en esa zona declarada Refugio de Vida Silvestre Río San Juan.

Walter Hamonds aplaudió las obras del dragado que tanto anhelaban, y dijo que no “podemos ceder ni un poquito en una tierra que es nuestra”. Además, dice que Nicaragua deberá recuperar las islas que se han anexado a Costa Rica, a través del tiempo, entre ellas señaló las islas Pereira, Culebra, Tamborcito, Santa Elena y Tivoli.

Durante la administración de la comuna a cargo del ex alcalde César Collado, éste expresó la preocupación en ese entonces por la compra de tierras en las riberas del San Juan por parte de ciudadanos costarricenses.

En esa oportunidad dijo que era notoria la tumba de árboles, y la puesta de alambradas con el propósito de que se fuera reconcentrando la basura, y la isla pasó a tierra firme costarricense, “eso es también recuperar nuestros derechos soberanos”, afirmó.

Un informe elaborador por Guillermo Guerrero, ex funcionario de la Reserva de Biosfera del sureste de Nicaragua, habla de la anexión de dos islas a territorio costarricense, entre ellas la Santa Elena, de unas 128 hectáreas.

El informe firmado el 9 de junio de 2003 y enviado a Iván Ortega, director de la Reserva de Biosfera Indio Maíz, y Arturo Harding, titular del Marena, en ese entonces, advertía sobre la compra de tierras nicaragüenses por parte de ciudadanos ticos, entre ellos Róger Guzmán, Jorge Cornejo y Juan Ignacio Villalta.

Marena debe velar por el EIA

Los trabajos del dragado no sólo han conducido a los lugareños a identificar el territorio, sino también expresan preocupación por la falta de autoridades del Marena en la zona, a fin de velar por el cumplimiento el Estudio de Impacto Ambiental sobre el dragado del río y prevenir graves impactos en el ecosistema y su biodiversidad.

Pescadores que han tenido la oportunidad de penetrar a la zona donde se realiza la obra, consideran que aunque “la defensa de la soberanía es primordial”, es necesaria la vigilancia o la inspección permanente en el terreno para evitar daños que, entre otras cosas, puedan afectar el sistema lagunar.

El rastafari Edgard Coulson, autóctono de San Juan, dijo que además de negarles la información sobre la obra, ni las autoridades nacionales del Marena ni las de San Carlos siguen de cerca el trabajo. “Nosotros hemos cuidado ese ecosistema porque es nuestro futuro, y en esa zona hay manglares que permiten la vida de las especies para su reproducción, y creemos que si no actúan con cuidado pueden causar daños”, afirmó.

Para Coulson, el monitoreo del proyecto de dragado del San Juan no debe estar en manos de militares. “Está bien que resguarden la seguridad, que eso les corresponde, pero está mal que no se encuentre en el terreno un profesional en la parte ambiental”. En ese sentido, señaló que tampoco está preparado para desempeñar ese trabajo el señor Edén Pastora.

Desecación en sistema lagunar

Juan García Meléndez, con 45 años de dedicarse a la pesca, recordó sus recorridos por la zona en conflicto. A su juicio, la laguna Harbour Head que está cerca del Mojón I es de Nicaragua. “Por esas veredas hay muchos manglares que le dan vida a muchas especies, como tortugas, almejas, reptiles, iguanas, aves. Lo que creemos es que con esa construcción del canal cuando empiece a correr, por los sedimentos que se arrastren va a secar la laguna, pero como no nos han explicado nada, sólo lo podemos prever de acuerdo a nuestro sentido común”, apuntó.

Ante esa preocupación, el alcalde Misael Morales refirió que recientemente recibieron la visita de una comisión política, entre ellos el delegado del Marena, Omar Brenes, pero admitió que, igualmente, hay inquietud en el seno de Concejo porque emitieron una ordenanza para proteger y preservar el medio ambiente ante amenazas latentes en esa zona protegida, porque allí se ubica la Reserva de Biosfera Indio Maíz.