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  • EFE

Un Tribunal Contencioso Administrativo ordenó hoy cancelar la concesión minera del proyecto Las Crucitas, una polémica mina de oro a cielo abierto que pretendía construirse en el norte de Costa Rica, cerca a la frontera con Nicaragua y recomendó procesar al ex presidente Óscar Arias.

Además, los jueces condenaron al Estado y a Industrias Infinito, propietaria del proyecto, al pago de una reparación por los daños ambientales provocados por la tala de árboles el año pasado en los trabajos iniciales de construcción.

El Tribunal anuló un Decreto Ejecutivo del ex presidente Óscar Arias en el que declaraba de "interés público" el proyecto minero y le recomendó al Ministerio Público abrir causa judicial en contra del ex mandatario por esta acción.

Industrias Infinito, filial de la canadiense Vanessa Ventures, inició la exploración en la zona de Las Crucitas en 1995, y contaba, de acuerdo con ellos, con todos los permisos necesarios para operar, pero no ha podido hacerlo debido a los múltiples recursos legales a los que han acudido grupos ambientalistas opositores al proyecto.

La sentencia leída hoy en el juzgado confirma que hubo vicios de procedimiento en el otorgamiento de los permisos a Las Crucitas, como por ejemplo, la falta de un visado del Colegio de Ingenieros Químicos, respecto al manejo de los desechos de la mina.

El gerente de Industrias Infinito en Costa Rica, Juan Carlos Obando, afirmó que apelarán esta sentencia ante un Tribunal de Casación. Hasta ahora, de acuerdo con el ejecutivo, la empresa ha invertido 127 millones de dólares en el país y no ha podido extraer ni una de las 1,2 millones de onzas de oro para las cuales había recibido una concesión de diez años por parte del Estado.

Sobre el futuro de la empresa, Obando afirmó en un comunicado que Industrias Infinito continuará con su operación normal en el país. "No podemos abandonar a las decenas de familias de Cutris y Pocosol que tienen muchos años de esperar el apoyo necesario para salir de la pobreza y seguiremos luchando para ayudarles a progresar", sostuvo el gerente.

Reconoció que estaban preparados para este resultado porque el juicio fue muy rápido (dos meses) y había mucho material que analizar, pero, según él, se cometieron errores de procedimiento. No obstante, gran parte de la población costarricense, liderada por organizaciones ambientalistas, se opone rotundamente a la mina por el uso de cianuro y la tala de árboles que conlleva, en una zona que consideran ecológicamente frágil.

Marchas, manifestaciones y hasta huelgas de hambre se han realizado para combatir el proyecto en los últimos meses, y hoy las organizaciones ambientalistas celebraron el fallo en la sala de juicio.

A inicios de noviembre el Congreso aprobó una reforma al Código de Minería para prohibir a futuro la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica, por lo que este es el último proyecto de este tipo que se habría instalado en el país.