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La organización Amnistía Internacional, AI, en un extenso informe oficial, criticó fuertemente la pasividad del Estado de Nicaragua frente a la violencia contra la mujer, y principalmente por las violaciones sexuales contra la niñez y la adolescencia.

El informe titulado “Escucha sus voces y actúa: No más violación y violencia sexual contra niñas en Nicaragua”, es una investigación de 40 páginas, dedicado exclusivamente a la situación de nuestro país, y utilizando datos oficiales y especialistas en el tema, se encontraron con que dos tercios de las víctimas son menores de 18 años.

Los datos policiales analizados en la investigación, revelan que entre 1998 y 2008 se denunciaron más de 14 mil casos. De estos, dos de cada tres de las víctimas eran menores de 17 años. Aparte, durante la investigación efectuada entre 2008 y 2010 por AI para elaborar este informe, entre las más de 130 personas entrevistadas, abordaron a 34 sobrevivientes de violación de entre 10 y 20 años, así también a ocho madres también víctimas de violación.

La organización examinó las obligaciones contraídas por Nicaragua en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, exponiendo su preocupación en virtud del incumplimiento de al menos seis artículos que tienen que ver con discriminación, falta de aplicación de los derechos estipulados, falta de protección frente a la violencia, así también la falta de atención médica, el derecho a no sufrir tortura y de la rehabilitación de sobrevivientes.

Señala que los escasos datos disponibles, sugieren que la mayoría de las víctimas de violencia sexual son niñas. Además, por el número de embarazos que son consecuencia de violación, subrayan que hay altos índices de violación perpetrados por familiares.

“Amnistía Internacional siente preocupación por los elevados índices de violación y abuso sexual, y por el hecho de que, pese a la gravedad del problema, el Estado no se toma en serio este tipo de violencia ejercida contra niñas”, alegan.

Según el informe “los indicios de la falta de actuación a este respecto van desde las acciones más amplias --por ejemplo, el desmantelamiento del Consejo Nacional de Protección y Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia (Conapina)-- hasta las más específicas, como la ausencia de la educación sobre violencia sexual en las escuelas, u otras vías de promoción de los derechos humanos”.

Gobierno sin facilitar información

Esto significa que, a menudo, las niñas desconocen qué constituye un delito o dónde acudir en busca de ayuda. El gobierno no elabora estadísticas desglosadas ni facilita datos sobre los casos de violación que llegan a conocimiento de las autoridades, desde la fase de denuncia hasta que se dicta sentencia. La ausencia de dichos datos constituye un auténtico obstáculo para llevar a cabo un análisis exhaustivo de las lagunas que impiden proporcionar un remedio efectivo a las sobrevivientes de violación.

Señalan que todas las niñas y los niños que sobreviven a la violación sufren estigma, y en muchos casos es a ellas, y no a su violador, a quienes la familia y la comunidad culpan por la violación. Las niñas se ven con frecuencia presionadas para no presentar denuncia o para guardar silencio sobre el abuso. El estigma es tan fuerte que se ha convertido en una forma de discriminación y en una violación del derecho a un remedio efectivo.

En una entrevista de televisión del noticiero CNN, Guadalupe Marengo, Directora Adjunta del Programa para las Américas de Amnistía Internacional en Londres, realizó diversos señalamientos sobre la falta de cumplimiento de convenios internacionales, a lo cual en Managua, Marcia Ramírez, titular del Ministerio de la Familia, Mifamilia, rechazó los argumentos, alegando que están avanzando, aunque si reconoció aún estar lejos de brindar protección a cabalidad.

“No es fácil”, dice ministra

“No se puede derribar fácilmente un muro que se ha sostenido durante milenios, pero estamos trabajando en un modelo integral de atención en el cual diversas instituciones trabajan con las personas afectadas”, dijo la ministra.

La señora Marengo, de AI, expuso que un problema para encontrar justicia es que “las víctimas se encuentran con policías y jueces que no cumplen con las normas en el tratamiento de las víctimas del abuso sexual”. Si bien consideró excelente una estrategia de prevención y ven con beneplácito la existencia de más comisarías, consideró que todavía hay mucho por hacer para que la policía cumpla con los protocolos de atención.

“Muchas veces llevan a las niñas a la estación policial e inmediatamente les dicen que no lleguen a hablar de esos abusos, que están mintiendo o que las autoridades no tienen los recursos para investigar el asunto y se queda todo en eso, además del maltrato por parte de las autoridades”, expresó la especialista de AI.

Ante esto, Ramírez comentó que en Nicaragua se trabaja como sistema y en conjunto con las autoridades. “Al llegar una denuncia ponemos un equipo de atención sicosocial a la orden de la víctima, y si es necesario se retira a la niña del entorno familiar para protegerla y darle su recuperación, la enviamos a lugares especializados. No digo que todo está hecho porque la verdad es que éstos son procesos de trabajo que apuntan a derribar culturas milenarias, pero estamos trabajando”, comentó.

La ministra aseguró que hay voluntad política y un marco de derechos, con enorme esfuerzo por recalificar y capacitar con nuevo enfoque a todo el personal que ve el tema. Asimismo, que de puerta a puerta están con un código popular de derecho y deberes de la familia, trabajo que supuestamente realizan en las comunidades más grandes donde están organizadas con el Poder Ciudadano. Por otra parte, evitó referirse a la prohibición del aborto terapéutico y su aplicación en los casos de violación sexual.