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En menos de 48 horas se desinfló a lo interno de Honduras, la denuncia de que nicaragüenses estuvieran entrenando y armando a campesinos, al no presentar las autoridades pruebas de ninguna clase de la acusación contra Nicaragua.

Ayer se informó en diversos medios hondureños que pese al gran dispositivo de búsqueda de “armamento de guerra” y buzones, extranjeros infiltrados y campamentos de “entrenamiento”, realizado entre Policía y militares, las autoridades no lograron capturar más que unas escopetas para uso de vigilancia y revólveres.

Las autoridades presentaron ayer las “armas incautadas” en distintos operativos de carreteras y no hallaron los buzones que esperaban encontrar en la sede del Instituto Nacional Agrario (INA), tomado por asalto por tropas militares en busca de más de mil AK-47 y M-16, que tanto el presidente Porfirio Lobo como el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, denunciaron que habían ingresado a Honduras desde Nicaragua para armar a campesinos en Bajo Aguán,

Un gran operativo
Desde inicios de la semana se ha visto a contingentes militares y policiales requisando buses, vehículos particulares, fincas, oficinas de organizaciones civiles y casas de activistas de derechos humanos, buscando las armas que según inteligencia militar de las Fuerzas Armadas, entran a Honduras a través de furgones y contenedores.

Unas de las oficinas requisadas fueron las del INA, organismo agrario al que llegaron los uniformados en busca de depósitos de armas pesadas, y las buscaron desde las 4:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche del martes, sin éxito, según denunciaron los trabajadores Pompeyo Bonilla Reyes y José Zelaya, al frente de la institución.

La intervención de las instalaciones del Instituto Agrario, en Sinaloa, Colón, “fue una acción innecesaria y ridícula porque en ningún momento se cerraron las puertas para una investigación”, aseguró ayer el director de esa institución, César Ham.

Las políticas que se han manejado en la institución son de puertas abiertas, y “si el Ministerio Público quería realizar algunas pesquisas e investigaciones, nosotros le hubiésemos abierto las puertas cuando ellos lo hubieran deseado”, añadió.

Ham refirió que este tipo de acciones no contribuyen a la paz y tranquilidad de la zona, más bien se ha generado una incertidumbre en los trabajadores del INA y en el movimiento campesino de Aguán.

Por su parte, ante el fracaso de los militares en presentar a la opinión pública las armas y los “extranjeros infiltrados”, las organizaciones campesinas denunciaron ayer un “siniestro plan de desestabilización, persecución, intimidación y aniquilamiento del movimiento campesino” y rechazaron estar fuertemente armadas como lo señala el gobierno.

En una conferencia de prensa, los campesinos del Bajo Aguán indicaron que el plan de desestabilización dio inicio con la militarización de las oficinas del Instituto Nacional Agrario (INA), ubicadas en Sinaloa, Trujillo, Colón, una acción promovida por los militares, que habrían actuado con “luz verde” del propio presidente Lobo Sosa.

“Responsabilizamos al Ejército Nacional y a la Policía por la pérdida de cualquier documento relacionado con los trámites de expedientes para tener acceso a la titulación de tierras y documentos sobre las remedidas de tierras fiscales en manos de particulares”, dijeron los campesinos.

“El pueblo hondureño conoce perfectamente bien que las armas y los hombres fuertemente armados provienen de las empresas de seguridad de los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales, y de los militares asentados en la zona; prueba de ello son las constantes masacres planificadas por sicarios a sueldo, que han tenido como resultado, entre otras cosas, la muerte de los cinco mártires campesinos caídos en la lucha por la reforma agraria”, dice un comunicado distribuido a la prensa.

La conferencia de prensa fue ofrecida por los dirigentes Agustín Ramos, Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores del Campo; Gilda Rivera, del Movimiento de Mujeres; Paulina Bejarano, representante del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas (Cococh); David Cálix y Adolfo Cruz, representantes del Movimiento Campesino del Aguán, y Rafael Alegría, de Vía Campesina.

Comenta Morales Carazo

Por su parte, el gobierno de Nicaragua rechazó las denuncias procedentes de Honduras sobre una supuesta invasión de nicaragüenses armados en una zona de la frontera común.

“Yo creo que (la denuncia) no tiene ningún fundamento", dijo el vicepresidente Jaime Morales Carazo, aunque admitió que en la frontera con Honduras ha habido “un gran tráfico de madera, de ganado y de personas”.

“Al haber cierto revuelo en cuestiones noticiosas en una frontera tan transitada y tan poco controlada, donde se da un gran tráfico de madera, de ganado, de personas, es factible que existan bandas de cuatreros y saqueadores”, expresó Morales.

El alto funcionario opinó que el Ejército nicaragüense debería emitir un comunicado en rechazo a la denuncia hondureña, que surge en momentos en que Nicaragua enfrenta un conflicto limítrofe con su vecina sureña, Costa Rica.

El Ejército de Nicaragua no comentó las acusaciones de Honduras.