Martha Vásquez Larios
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Nuevamente la Corte Suprema de Justicia está realizando una investigación por robo en los Juzgados de Managua, pero miembros de los sindicatos dijeron que los resultados nunca se conocen cuando las personas implicadas tienen “padrinos”.

Esta vez el robo se habría efectuado en el centro de copias, donde supuestamente alteraban las órdenes, para luego cobrar cheques que oscilan entre 50 y 80 mil córdobas al mes.

Hasta el momento, sólo Eliza Sevilla, responsable de copias externas y Mayra Araica, responsable de Caja, están suspendidas de sus funciones, hasta que termine la auditoría.

Según Frank Rocha, del sindicato Trabajadores Judiciales de Plaza España y Nejapa, los funcionarios de Solofice, empresa que presta el servicio de fotocopiadora a la Corte, admitieron que alteraban las órdenes de copias que llegaban en blanco.

“Nosotros estamos de acuerdo conque se investigue todo acto de corrupción, pero que sean parejos, porque a los que tienen ‘padrinos’ nunca los procesan y a los que no, hasta hacen notas de prensa para denigrarlos”, expresó el sindicalista.

El último caso de robo a gran escala fue el de los 80 mil córdobas en el pago para jurados, cuyo resultado de la auditoría nunca se dio a conocer, y no se habló de ningún proceso judicial a los implicados, así como el reciente caso de un mecánico que supuestamente extrajo piezas de carros del taller de la Corte para venderlos.

Más denuncias

Otra anomalía que los sindicatos han denunciado es la referida a los empleados fantasmas en los juzgados, pero como son familiares de jueces y de magistrados, no hacen nada para eliminarlos.

“Hay quienes están en nómina y no vienen a trabajar, sólo retiran el salario. Ya lo hemos dicho a la Corte, y la doctora Alba Luz Ramos dice que los van a sacar, pero es problema de nunca acabar, porque son familiares de jueces y magistrados”, refirió Rocha.

También están esperando los resultados de la investigación de secretarios de actuación que supuestamente reciben coimas de los usuarios por algún favor, casos con nombres y apellidos denunciados por jueces, pero aún siguen en sala de espera en la Corte, supuestamente porque son familiares de magistradas de Apelaciones.

El descubrimiento del robo, según sindicalistas, fue hace cuatro meses, pero fue hasta hace poco que el doctor Gerardo Rodríguez, responsable de las administración del nuevo modelo de despacho judicial, empezó a hacer los trámites.

“Falso de toda falsedad. A mí me comunicaron de esa situación hace 15 días, y lo que hice fue informar a la Corte y poner la denuncia en la Policía Nacional”, se defendió Rodríguez.

Contratación viciada

Cuando se destapó el problema, según trabajadores judiciales, Rodríguez decidió contratar a una tercera persona; Ronald Prieto Torres, y ordenó que todas las copias internas se hicieran donde él, sin cumplir con la ley de contratación del Estado, pues no hubo licitación pública para el nuevo contrato.

“Eso es falso, lo que hubo fue un contrato de arriendo de un local dentro del juzgado, pero no le gustó al ver el problema y decidió irse”, expresó el doctor Rodríguez, quien también afirmó desconocer la cantidad sustraída en este nuevo robo.