Luis Galeano
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El presidente de facto del Poder Electoral, Roberto Rivas, confesó que violó la Ley de Deuda Pública, Ley 477, al haber hecho un préstamo de C$ 37 millones a un banco privado aún no identificado, sin tener el aprobado de la Asamblea Nacional, y además, afirmó que el dinero se usó para el proceso de Cedulación Ciudadana, algo que, de ser cierto, botaría el cobro de C$ 300 córdobas por la cédula nueva, la cual, según la ley, debe ser gratis.

Rivas, según una carta de cuatro párrafos que envió al presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez el jueves 25 de noviembre, y de la que END obtuvo una copia, revela abiertamente que el dinero lo obtuvo de un banco que no identificó, adjuntando a ella un simple recuadro sin documentos soportes, con sumas y restas de gastos verdaderamente escandalosos.

El titular fáctico del Poder Electoral, admite que el préstamo del que no especifica fecha en que lo adquirió, ni el banco que se lo facilitó, la tasa de interés ni el plazo, fue de C$ 35 millones, pero que a estas alturas por “amortizamiento e intereses” que acumulan C$ 2 millones, hace un total de C$ 37 millones.

“La salida de baño”

En su misiva, Rivas afirma que en 2005 la Asamblea Nacional aprobó un fondo de contravalor del gobierno español por un monto de 5,4 millones de euros, para el proceso de Modernización de Registro Civil de las Personas y Cedulación Ciudadana.

“Es importante señalar que esta aprobación contemplaba que el Estado de Nicaragua otorgaría con fondos de rentas del Tesoro una contrapartida nacional para finalizar la primera etapa” de ese proceso “y hasta el momento esta institución (el CSE) no ha sido sujeto por parte de la Asamblea Nacional de ese fondo anteriormente mencionado”.

Es decir, Rivas decidió que como la Asamblea había aprobado el fondo de contravalor, él podía disponer de la contrapartida nacional cuando se le ocurriese y fue así que asumió la deuda con el banco que oculta, sin haber informado al Ministerio de Hacienda y contar con el aval de la Asamblea Nacional.

El artículo 31 de la Ley 477 señala que toda emisión de títulos valores efectuadas por las instituciones que alcanza esa misma norma, deberá ser registrada y controlada por la CGR, y según el presidente inconstitucional de la entidad fiscalizadora, Guillermo Argüello Poessy, “no tenemos ninguna información de la deuda que se ha mencionado en los medios de parte del CSE”.

Cuentas del “gran capitán”

Rivas para concluir su exposición, menciona que como gran prueba de que dice la verdad y sólo la verdad, adjuntó un cuadro que refleja los rubros en que se ha invertido el préstamo que se autorizó solo, “que incluye fondos del presupuesto ordinario que de manera directa se han invertido en el mismo proyecto, esto sin contabilizar todos los gastos indirectos que hemos realizado en función de este Proyecto de Modernización”.

El recuadro señala la Inversión Primera Etapa de Modernización del CSE, en el cual según Rivas se gastaron 25 millones 547 mil córdobas en “Tarjeta de policarbonato”.

El 6 de mayo de este año el magistrado José Luis Villavicencio, luego de una reunión con diputados de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios del Parlamento, indicó que contaban con suficientes recursos como para cedular a unos dos millones de nicaragüenses con el nuevo documento.

El magistrado orteguista se refería a que los fondos que la Cooperación española entregó en concepto de donación en 2005, estaban disponibles, y servirían para iniciar a finales de ese mes la entrega de las nuevas cédulas a los nicaragüenses.

“El CSE cuenta con financiamiento internacional suficiente para sacar los primeros dos millones de cédulas”, dijo Villavicencio en aquel momento, sin mencionar la contraparte que hace mención Rivas en su carta del 25 de noviembre y que no precisa desde cuándo los prestó.

Capacitación, contratación de personal y otros inventos

Rivas en sus cuentas también incluyó 942 mil 756 córdobas en “capacitación”, un millón 155 mil en “Instalaciones de redes para las estaciones de servicio en 11 Departamentos y 22 estaciones en Managua”, 14 millones 700 mil en “Contratación de personal”, 161 mil córdobas en “Ampliación de ancho de banda”, un millón 42 mil en “Reparación y servicio soporte técnico” y 425 mil 632 córdobas, lo cual hace un gran total de 43 millones 973 mil 388 córdobas.

Recuadro

“Esto enreda más la cosa”, dice miembro de Comisión Económica
El miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Freddy Tórrez, al conocer de la carta enviada por Rivas a Wálmaro Gutiérrez, dijo que “dos papeles no justifican la adquisición de ese préstamo y el Ministerio de Hacienda, y la Contraloría tienen mucho que hacer en este caso”.

Indicó que si ellos dieron visto bueno a la inclusión de ese monto en el total de la deuda interna “es por responsabilidad de no dejar descubierto un adeudo de una entidad del Estado y máxime de la contraparte de un proyecto de importancia como el que menciona el funcionario de facto Rivas”.

Sin embargo, sostuvo que ahora hay más preguntas que antes de que se conociera la carta de Rivas al titular de la Comisión Económica, entre ellas porqué incluyó la deuda hasta cinco años después de que se aprobó el fondo de contravalor de la cooperación española.

“Que nos enseñe en qué año se presentó esa solicitud a la Asamblea Nacional para asumir esa deuda, el presupuesto en que lo iba a gastar, el banco con que se enjaranó que lo sigue ocultando, no hay nada que soporte lo que dice y lo que se ve es una abierta violación a la Ley de Deuda Pública”, indicó.

Sostuvo que si el fin fue modernización del registro y la cedulación, “¿por qué se están cobrando esos 300 córdobas a los ciudadanos y se les da gratis a los empleados públicos y con sesgo partidario a los orteguistas?