Rafael Lara
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Después de que una relación de maltratos de parte de su pareja, la joven Ana María Lindo Sandino, de 29 años, sobrevivió a dos puñaladas y se separó de su entonces compañero de vida, Jairo Javier Moreno Izaguirre, de 30, quien tan sólo purgó tres meses en prisión por ese delito, antes de regresar a consumar lo que ya había intentado: terminar con la vida de Ana María.

Así fue que después de su jornada laboral la joven se dirigía a su hogar con alimento para sus dos hijos, bajó del bus y su ex pareja, en estado de ebriedad, la comenzó a seguir, la alcanzó, la tomó por el pelo, la arrastró hasta la casa que antes compartían, y ahí le asestó seis puñaladas que le arrancaron la vida a la muchacha que habitaba en el barrio Nueva Vida, de Ciudad Sandino.

Criminal sigue prófugo y familia privilegiada

La narración es parte de la denuncia de la señora Hina Estela Sandino Hernández, madre de la víctima, quien la interpuso en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, donde además señaló que las autoridades del Distrito I, no se han preocupado por atrapar a quien se acusa de ser el homicida de la joven y ni siquiera se dignan en dar información al Cenidh de qué gestiones han realizado.

Para colmo el Ministerio de la Familia, Mifamilia, retiró a los niños del hogar de sus familiares maternos y sólo le permitían el acceso a la familia del padre que está en fuga desde hace tres meses, cuyo cuñado es miembro del Consejo del Poder Ciudadano de la localidad. Según Brenda Rojas, abogada del Cenidh, no se les permitía verlos hasta que intervinieron.

La situación grafica perfectamente parte de las críticas realizadas en su informe la organización Amnistía Internacional, AI, que en esta semana mostró su preocupación por los abusos contra la niñez, la desprotección y falta de acción de las autoridades a para atrapar a los homicidas, asesinos y violadores.

Las mentiras de los gobiernos

La doctora Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, indicó que el informe del AI desenmascaró las mentiras que lanza el actual gobierno, quien asegura que cumplen con las Metas del Milenio para el Desarrollo, de Naciones Unidas.

Alega que éste no es el único estudio que se ha realizado sobre derechos humanos en Nicaragua, pero se ha destacado el tema por la gravedad no sólo de la situación, sino por las altas cifras de impunidad.

“La deficiencia en atención a los casos se dio también en los otros gobierno, e igual que en éste, las acciones sólo fueron paliativas y no sostenidas. El problema del actual gobierno es que no tiene una política de derechos humanos y por eso los mismos no se observan en los planes institucionales”, señaló la presidenta del Cendih, recriminando el doble discurso, la doble moral y la hipocresía.

Para la procuradora de la mujer, Débora Grandison, si se está trabajando desde las instituciones de gobierno, a través de la llamada ruta de la justicia, donde interactúan diversas instituciones. Además que se está capacitando tanto a jueces, e incluso a secretarios, en la atención que no sólo debe ser de calidad, sino con calidez humana. Así mismo se han creado unidades de género con este fin.

“Pero quiero apuntar que esos mensajes negativos de que aquí no hay justicia y no pasa nada si se va a denunciar, lo que hacen es calar en la mentalidad de la víctima que prefiere no denunciar porque, si no hay justicia, ¿para qué va a ir?”, comentó Grandison.

Sin embargo, admitió que aún hay mucha deficiencia en las instituciones, pero tiene que ver con la actitud de muchos funcionarios, desde concepciones machistas, por lo que de inicio se juzga a las mujeres y se duda de su denuncia, algo que consideró que es usual.

Por su parte, María Jesús Blandón, en representación de la Comisión Coordinadora del ONG que Trabajan con Niñez y Adolescencia, Codeni, criticó que hay muchas leyes y marcos jurídicos, pero la mayoría fueron creados para salir del paso de cumplir con compromisos internacionales y no por un verdadero interés de dar respuesta a la población.