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Unos 259 casos documentados fueron los que presentó el concejal liberal Leonel Téller ante autoridades del Ministerio Público, para que investiguen cuánto dinero han recibido funcionarios de la Comisión Técnica de Irtramma, ya que alegó que en meses anteriores se pidió una auditoría, pero la Contraloría General de la República no hizo nada.

El concejal señaló que lograron recopilar todas las pruebas necesarias para demostrar que hay una gran cantidad de personas que han pagado por trámites de exoneraciones.

Asimismo, señaló que la Ley de Transporte Terrestre (Ley 524) en los capítulos 48 y 49, referidas a las concesiones, señalan que los permisos o autorizaciones se otorgan a través de licitaciones públicas que pueden ser gravables, transferibles o enajenables.

“En este sentido se cercena el derecho al ciudadano que adquiere una concesión legalmente, porque se le está negando un derecho a tener un activo que le sirve para ir a una institución financiera que facilite su operación para compra de vehículos”.

“La ley que fue publicada en abril de 2005 dice que el activo se concede por un periodo de 20 años prorrogables, pero Irtramma se ha negado a entregar las concesiones como dice la ley”, agregó.

De igual manera, Téller refirió que estas anomalías dejan pérdidas millonarias al Estado nicaragüense, por el fuerte tráfico de placas de taxis y evasión de impuestos aduaneros. Asimismo, hay una gran cantidad de concesionarios estafados, ya que el funcionario señaló que los repuestos y la batería del vehículo están exonerados.

Y más regalías

“También hay una exoneración anual de 12 llantas por afiliado, hay una serie de abusos que van en detrimento de los concesionarios”, precisó Teller.

En cuanto a las declaraciones de uno de los miembros de comisión técnica del Irtramma, señaló que “queremos que se cumpla con la ley; ellos son los que están tratando de darle un matiz político porque están ´re-contrapegados´; no son inventos, las coimas están notariadas, si no eran concesionarios los que aparecen en las listas se les violó la ley y los estafaron, porque pagan y al final no reciben nada y andan ilegales, pero esto lo estamos haciendo como servidores públicos, no por política”.

Por último explicó que en reiteradas ocasiones han pedido la auditoría, pero el contralor Guillermo Argüello Poessy hasta la denuncia les regresó y Téller señaló que “no estamos dispuestos a tratar con un usurpador de cargo”.