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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, CIDH, admitió el 1 de noviembre de 2010, durante su 140 sesión realizada en Washington D.C. el caso de denegación de justicia del Estado de Nicaragua por el asesinato de Francisco José García Valle, ocurrido el 8 de abril de 2002 en Bluefields, RAAS.

María Luisa Acosta, reconocida defensora de los derechos de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica Nicaragüense, fue víctima de un atentado contra su vida en el que resultó muerto su esposo, el señor Francisco José García Valle, contra el que se ensañaron los asesinos.

Durante el proceso penal, la doctora Acosta fue revictimizada por el sistema judicial nicaragüense, al ser indiciada como coautora del asesinato de su esposo, mientras los señalados por ella como autores intelectuales, Peter Tsokos y Peter Martínez Fox, gozaron de la protección de jueces y magistrados, mostrando niveles de influencia en el Poder Judicial, con los que lograron asegurarse impunidad.

En tanto, el sistema judicial nicaragüense mostró ser incapaz de salvaguardar el derecho al debido proceso, a las víctimas y sus familiares, con respecto de Tsokos y Martínez, aunque dos de los tres autores materiales se encuentran actualmente detenidos.

Cuando ocurrieron los hechos, María Luisa Acosta actuaba como coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) y trabajaba en defensa de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas, del Pueblo Indígena Rama y de la Comunidad de Monkey Point. Ellos se resistían a la usurpación de sus tierras comunales tradicionales, que entre las más conocidas se encuentran los Cayos Perlas, de la Costa Caribe de Nicaragua.

El caso fue presentado ante la CIDH por la doctora Acosta, sus hijos y suegros, el 22 de junio de 2007 en contra del Estado de Nicaragua, apoyados por el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

La CIDH admite el caso basada en análisis realizados prima facie, sobre la presunta violación por parte del Estado de Nicaragua de los derechos de los familiares de Francisco José García Valle, a su integridad personal y a la protección y garantía judicial, contenidos en los Artos. 5, 8 y 25, en concordancia con el Arto. 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tutelados a través de la CIDH.

La CIDH en su decisión anuncia que continuará el análisis de fondo del caso. La decisión ha sido publicada, y será incluida en el informe anual de la CIDH a la Asamblea General de la OEA.