Jorge Eduardo Arellano
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El proyecto hidroeléctrico Brito sigue su curso sobre el Río San Juan. Y contrario a la información oficial del gobierno de Nicaragua, que anunció la suspensión del proyecto por las amenazas ambientales al lecho, la empresa brasileña dice que cuenta con los avales estatales y legales para proseguir la obra.

Ante las publicaciones de EL NUEVO DIARIO, que recogen los temores de la población del departamento de Río San Juan por los hitos aparecidos en las riberas del caudaloso cauce, y ante el silencio oficial sobre el tema, la empresa Constructora Andrade Gutiérrez, a cargo de la obra, insistió en aclarar que todos sus movimientos cuentan con los avales oficiales de Nicaragua.

De acuerdo con la comunicación recibida vía correo electrónico de la oficina de relaciones públicas nacionales e internacionales de la citada compañía, los estudios de suelos, aguas, medio ambiente y otros, se realizan en el marco de acuerdos formales del Ministerio de Energías y Minas y Ministerio del Ambiente con Constructora Andrade Gutiérrez S.A., mediante el cual se extendió licencia provisional al consorcio empresarial privado, para realizar los estudios de factibilidad del proyecto Brito, cercano a la cuenca del Lago Cocibolca.

“En aclaración a los temas abordados en las últimas publicaciones, Andrade Gutiérrez S.A. reafirma que cuenta con las autorizaciones por parte del Ministerio de Energía y Minas y Marena para realización de los estudios básicos preliminares relacionados con el Proyecto Hidroeléctrico Brito”, dijo a EL NUEVO DIARIO Jan Theophilo, Director de Comunicación de la empresa FSB Comunicaciones, asesores de relaciones públicas internacionales de Constructora Andrade Gutiérrez S.A.

Tales estudios básicos, según esa oficina, incluye obras como: levantamientos topográficos o geodésicos, estudios geológicos, geofísicos, de suelo, hidrográficos y recolección de información y reconocimiento de campo para los estudios de flora y fauna.

“Andrade Gutiérrez reitera su compromiso con el desarrollo de un proyecto sostenible respetando la soberanía del Río San Juan de Nicaragua, el pueblo nicaragüense y manteniéndose fiel a las premisas del proyecto”, dijo la comunicación.

De acuerdo con la empresa, las premisas del proyecto son: Mantener el lago de Nicaragua dentro de sus niveles normales de fluctuación; asegurar la navegación sobre el Río San Juan; no afectar, invadir o inundar territorio de Costa Rica y mantener la migración y el intercambio genético entre las poblaciones de especies acuáticas del Lago de Nicaragua, el Río San Juan y el Mar Caribe.

El viceministro del Ambiente, Roberto Araquistain, consultado vía telefónica, desmarcó a la institución que representa de cualquier obra de infraestructura que la empresa brasileña realice en la zona del San Juan, aduciendo que ellos no han otorgando permisos para esas labores.

“El permiso es una autorización provisional que ha otorgado el Ministerio de Energías y Minas, nosotros como Marena lo que hemos recibido es la solicitud para elaborar términos de referencia, y estamos en esa labor de esperar los términos, pero no hemos otorgado ningún permiso”, dijo el funcionario de gobierno.

“¿Corresponde al Ministerio de Energías y Minas la autorización del levantamiento topográfico, trabajos de geodesia, colocación de hitos y otros proyectos de campo?”, se le preguntó al viceministro, y éste respondió: “Sí, todas esas cosas. A nosotros no nos corresponde autorizar eso”, dijo, aclarando que no tiene conocimiento de los detalles del permiso otorgado a la citada compañía con sede en Brasil.

Este megaproyecto, cuyo costo inicial es de 600 millones de dólares, y que podría superar los 1,200 millones de dólares en inversión, busca represar las aguas del Río San Juan y crear un embalse en el Lago Cocibolca para generar 250 megavatios de energía a partir del agua, que luego sería vertida en las costas de San Juan del Sur en el Pacífico.

El proyecto ha sido calificado como peligroso e inviable por la comunidad científica, dado que según los riesgos estimados, tanto por la empresa como por ambientalistas e investigadores independientes, causaría un impacto sin precedentes en los cuerpos de agua de la nación.

El Ministerio del Ambiente, en conferencia de televisión el pasado octubre, a través de la ministra Juana Argeñal y el viceministro Araquistain, anunciaron que el gobierno había mandado a frenar los estudios sobre el proyecto, mientras no existiera un documento que sirviera de términos de referencia, hechos por empresas independientes al proyecto.

De acuerdo con Argeñal, el proyecto Brito no se ha autorizado, ni se ha aprobado, más allá del permiso temporal del Ministerio de Energías y Minas.

El MEM, dirigido por Emilio de Jesús Rappaccioli Baltodano, a través del acuerdo ministerial No. 09 DGERR-09-2010, extendió en marzo del corriente año 2010 la licencia provisional al consorcio empresarial privado para realizar los estudios de factibilidad en la zona del río Brito, cercano a la cuenca del Lago Cocibolca.

Kamilo Lara, ambientalista:
“Que gobierno aclare de una vez”
El especialista en temas ambientales, Kamilo Lara, solicitó que las autoridades de gobierno confirmen o refuten a la empresa brasileña, pues a su juicio ésta actúa de manera “arbitraria” y con algún “padrino” que la respalda localmente.

“Yo siento que esa empresa ha venido como a imponer criterios de manera antojadiza, y las autoridades deberían pronunciarse, para ver quién dice la verdad, porque lo que se nos había dicho era otra cosa”, dijo Lara.

Cuando Lara habla en plural no se refiere sólo al Foro Nacional de Reciclaje, que él dirige, sino a la Comité Técnico convocado por el gobierno, para asistirle en el tema del dragado del Río San Juan y Brito.

Ese Comité está integrado por el Centro Humboldt, Fundación del Río, Club de Jóvenes Ambientalistas, Jóvenes Ambientalistas Guardabarranco, Fundenic, Fundación Cocibolca, SOS Ambiente y Jaime Incer, quien representa a Fundación Natura y es asesor Presidencial para asuntos ambientales.

“Nosotros, las organizaciones ambientalistas, fuimos llamados y se nos hizo una presentación de parte del ministro Rappaccioli, y él aseguró que él iba a ser lo más respetuoso de los asuntos ambientales y que nada iba a anteponerse a eso, incluso el aspecto económico, y que la viabilidad la dejaba en manos del Marena”, dijo Lara.

“Se dijo que esos términos de referencia iban a tener una interconsulta inicial antes de ser aprobados con las organizaciones, las industrias y demás, porque se trata de un megaproyecto nacional e internacional y la sensación que me da, con alta preocupación, es que no se esté cumpliendo con lo que supuestamente se había instruido”, añadió.

Dijo sentirse realmente sorprendido de que a estas alturas se diga con firmeza, por parte de los brasileños, “que vinieron para quedarse”, cuando supuestamente había una orden de detener cualquier obra en tanto no hubiese estudio de impacto ambiental. En realidad, no tiene explicación.

Además, sostuvo que la firma debe tener una fuerte influencia en alguna autoridad del país, pues se mete a propiedades privadas sin permiso y pone mojones, violentando los principios de la propiedad privada.

“Es sorprendente cómo ni las instituciones ni los propietarios han reclamado por los mojones, porque el atrevimiento que se tomaron de colocar hitos sin permiso de nadie, lo que merece es que esos mojones sean arrancados, porque no tienen ninguna autorización de ponerlos, y quien los puso se tomó el riesgo a sabiendas de que podían ser quitados por sus propietarios”.

Agregó que pobladores de la zona les advirtieron no sólo de la colocación de mojones, sino que habían iniciado penetración de caminos, lo cual ha alarmado a los comunitarios.

Lara sostuvo que por lo que les han dado a conocer, no hay compatibilidad entre Brito y el dragado del Río San Juan, “desde ningún punto de vista”, y por ello, exhortó a las autoridades a que tengan un solo discurso.