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Por tercera vez los abogados Lulio Marenco y Gustavo García Prado denunciaron ante la Fiscalía al presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, y demás magistrados de esa institución, por supuesta malversación de fondos, peculado y fraude en perjuicio de Estado.

El Fiscal General de la República, Julio Centeno, afirmó ayer por la mañana desconocer la denuncia interpuesta por los abogados, pero aseguró que una vez introducida se procederá a asignarle fiscal para su valoración.

A inicio de este año, estos mismos abogados interpusieron una denuncia contra Rivas por enriquecimiento ilícito y otros delitos y el Ministerio Público después de varios meses lanzó “la pelota” a la Contraloría General de la República, a quien solicitó una auditoría que nunca llegó.

También interpusieron otra denuncia en Costa Rica por defraudación aduanera, por la supuesta introducción de vehículos sin pagar impuestos, junto a su hermano Harold Rivas, Embajador de Nicaragua en ese país.

Pruebas

Esta vez los denunciantes aseguraron que tienen pruebas testimoniales y documentales que aportarán al Ministerio Público para sustentar la acusación.

”Ahora vamos a facilitarles las pruebas que tenemos en nuestro poder, que demuestran la conducta delictiva de los denunciados, para que la Fiscalía sustente la acusación y la petición de auditoria a la Contraloría General de la República.

La utilización del erario para asuntos personales son actos de corrupción que no se pueden permitir”, recalcó Gustavo García.

Según Lulio Marenco, una de las pruebas testificales será Reinaldo Chow Pérez, proveedor del Estado, quien reclama el pago de 60 millones de córdobas por la venta de productos y otros servicios al CSE. Además, es socio de las empresas que compraron el avión personal de Rivas.

En la denuncia también exigen que el magistrado de facto explique en qué utilizó los 37 millones de córdobas que prestó a una banca privada, detalles que no ha querido revelar.

Los denunciantes esperan que esta vez la Fiscalía cumpla con su trabajo e inicie la investigación de la supuesta malversación de fondos.