Rafael Lara
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La violencia intrafamiliar, VIF, sigue despuntando. Esta vez por denuncias de falta de acceso a la justicia en este tema, tal como lo revelan las estadísticas del último trimestre de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que contabiliza 567 casos, equivalentes al 40.7% del total.

Los datos fueron presentados durante el foro nacional “Atención integral a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual y acceso a la justicia”, en el que participaron organizaciones de derechos humanos y funcionarios de instituciones vinculadas a la temática.

Christian Rodríguez Ruiz, responsable del área de Psicología de la CPDH, mencionó que la VIF es un problema social grave y en ascenso, por la cultura patriarcal sostenida y la falta de equidad de género.

Por tanto, la VIF está en primer lugar en asesoría legal a las víctimas, seguido de las denuncias de violaciones a los derechos laborales, con un 23.4%, y en tercer lugar están las denuncias contra las autoridades policiales.

En esta ocasión, en el cuarto puesto está el Poder Judicial, con tan sólo el 7.8% del total de denuncias.

Otras en menor proporción son por casos contra diversas instituciones de gobierno, contra el Sistema Penitenciario y por cuestiones de propiedad.

La mayor parte de las denuncias vienen de mujeres, con 527, frente a 196 varones.

82 mujeres muertas en 2010

La sicóloga comentó que la situación de las VIF este año se llevó al menos 82 vidas de mujeres, víctimas de sus propias parejas o familiares. De éstas, 8 son niñas y el 70% de los casos están sin castigo.

Rodríguez mencionó que las debilidades encontradas que obstaculizan el cumplimiento de los derechos de las mujeres y frenar la VIF, tiene que ver con que Nicaragua no ha confirmado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.

Mencionó que hay diversas fallas jurídicas, falta de políticas públicas relacionadas con el tema, así como la ausencia de una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres.

A lo anterior se agrega un sistema desigual en la división del poder entre hombres y mujeres, lo que requiere de una transformación en la mentalidad social, ya que la violencia contra la mujer es tolerada e incluso protegida por los familiares de los agresores.

De igual manera, hay muchas influencias de agresores en espacios públicos, además que el Ministerio Público debe estar claro de cumplir con su rol de defender a las víctimas sin distingos, esto porque se ha identificado tráfico de influencias en los procesos judiciales, que provoca que queden en libertad asesinos, agresores y violadores.