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Las obligaciones y compromisos asumidos por el gobierno de Nicaragua en la Carta de Intención enviada al Fondo Monetario Internacional, FMI, y aprobada por ese organismo internacional, equivalen a una modesta promesa de campaña a aplicar en un año electoral.

Una inflación que no supere el 7%; con un crecimiento del 3% del PIB, un manejo prudente de la situación de la seguridad social, la promesa de que no se legislará en materia de intereses que cobran las tarjetas de crédito, y una masa salarial que permanezca inamovible en términos del PIB, son parte de las muchas condicionalidades a las que el gobierno del presidente Ortega se sometió voluntariamente.

Durante las últimas dos décadas, el eterno candidato opositor Daniel Ortega, empleó innumerables discursos para expresar su rechazo al FMI, estigmatizado como el causante de los males económicos de América Latina. Irónicamente, ahora en la silla presidencial, el gobierno de Ortega es percibido como prudente y comprometido, según lo explica el representante del Fondo en Nicaragua, Gabriel DiBella.

¿Cómo catalogaría al gobierno de Nicaragua en relación con su grado de cumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI?
La política macroeconómica ha seguido siendo prudente y se ha avanzado en la implementación de la agenda estructural. Creemos que existe un compromiso, no solo del gobierno, sino de la sociedad nicaragüense en general, con el mantenimiento de una situación macroeconómica estable, la cual es condición necesaria para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Sin estabilidad macro, no pueden alcanzarse ninguno de esos dos objetivos.

La Carta de Intención dice que “el Gobierno asegurará que el uso de la cooperación no resulte en pasivos fiscales contingentes”, ¿como cuáles?
Cualquier gasto que en ausencia de los recursos externos que lo financia deba ser absorbido por el Presupuesto, representa un compromiso contingente para los recursos públicos. El compromiso en este sentido es no innovar.

Luego añade que “… y convendrá con el Fondo para que su uso esté en línea con el programa económico”. Según esto, ¿qué tipo usos están en línea con el programa económico?
Aquellos que no ponen en peligro la estabilidad macroeconómica o generan pasivos contingentes para el presupuesto público.

Las recaudaciones ‘subvaluadas’
Representante del Fondo no cree que gobierno subvalore proyecciones fiscales

A pesar de lo que sugiere la observación empírica, repetida todos los años con todas las administraciones, de que el gobierno subvalora sus verdaderos cálculos de recaudación, el Representante del FMI, Gabriel DiBella, no cree que ese sea el caso.

“Con la proyección de recursos tributarios de 2008 para 2009 ocurrió exactamente lo contrario. La verdad es que la estimación de los recursos fiscales futuros es siempre un cálculo aproximado, en Nicaragua y en cualquier país del mundo, porque nadie puede predecir con absoluta certeza cuál va a ser la tasa de crecimiento de la economía, cuál será la tasa de inflación, o cuál es la elasticidad exacta entre recaudación y crecimiento”, señaló.

Según su análisis, no se trata de una estrategia para decir al año entrante que la recaudación fue mayor de lo previsto, recordando que “la estimación de recursos fiscales para 2010 (que se realizó a fin del 2009) suponía que la economía iba a crecer como mucho 2% durante este año, pero está creciendo más rápido, y por lo tanto, los recursos fiscales han resultado mayores a los esperados”.

FMI: reforma de pensiones es un proceso complejo
** Sugieren “reforzar criterios” para invertir los U0 millones de reservas del INSS
A pesar de la urgencia con la que se supone que debe actuar el país para buscar una solución a la quiebra técnica del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el FMI se muestra de acuerdo con la idea de no aprobar (o no implementar) reforma alguna, al menos, hasta dentro de trece meses.

La excusa del gobierno de Nicaragua, con la que el Fondo está en pleno acuerdo, es que la turbulencia que genera un año electoral no es el mejor ambiente para tomar discusiones de ese tipo, aunque deja abierta la posibilidad de que se use el tiempo para discutir el problema.

El representante Gabriel DiBella dijo que “reformar cualquier sistema de pensiones es siempre un proceso complejo; es mejor tomarse el tiempo para diseñar una reforma sólida, que aprobar algo rápido que luego deba ser modificado nuevamente”.

Explicó que en el caso de Nicaragua, “la reforma al sistema de seguridad social exige la búsqueda de consensos entre todos los actores involucrados, esto es, los trabajadores, el sector privado empresario y el gobierno. Esa búsqueda demanda conversaciones que llevan tiempo. Previo a esas conversaciones, estos sectores tendrán que analizar las propuestas, así como el diagnóstico en el cual se sustentan, lo que también llevará su tiempo”.

Y es probable que no haya mucho tiempo, porque la relación entre el número de contribuyentes versus el número de beneficiarios todavía es alto. “El país tiene una ventana de tiempo (no demasiado larga), para poder discutir estos temas con la cabeza fría, y tomar decisiones consensuadas que faciliten su implementación posterior”, dijo DiBella.

Extracto es suficiente
El Fondo (o su representante en el país) tampoco concuerda con la percepción de la sociedad nicaragüense, que cuestiona el secretismo con que se administra el INSS, reflejado en que el Estudio Actuarial no fue publicado sino hasta el último momento, y de forma parcial, o en la manera en que se decide cómo invertir los cuantiosos recursos del Instituto, que en última instancia, pertenecen a los cotizantes.

“El estudio está publicado y el análisis subyacente es serio. El documento tiene como propósito facilitar el dialogo sobre un problema que le compete a la sociedad nicaragüense en su conjunto”, dijo DiBella, justificando una publicación parcial, en el hecho que la inmensa mayoría de los lectores no entenderían el resto de tecnicismos, aún cuando hay decenas de expertos que sí los entenderían, y que los necesitarán para hacer sus propios análisis.

DiBella también dijo que el Fondo no publica el documento completo, ni lo sube a su sitio web, porque “es un documento elaborado por el gobierno, no por el Fondo”. Del mismo modo, en la recién aprobada Carta de Intención, se habla de “evaluar la normativa de inversión del INSS”, sin hacer referencia específica al tema de la transparencia.

El representante dijo que “el compromiso es reforzar los criterios utilizados en la inversión de los activos financieros que se van acumulando como consecuencia de los superávit que el sistema de seguridad social todavía sigue arrojando.

Los activos financieros que pertenecen a las generaciones futuras de jubilados suman unos US0 millones”, aclarando que uno de esos criterios es precisamente el de la transparencia.