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Las tres iniciativas de ley presentadas por el presidente Daniel Ortega, relacionadas con la defensa y seguridad del país, alejan a Nicaragua de las democracias que desean menos incidencia de los militares en los asuntos civiles, y, por el contrario, tratan de meter a los uniformados en sus proyectos políticos para garantizar que éstos avancen sin obstáculos.

Lo anterior se desprende del análisis que realizó Adam Isacson, Director del Programa de Seguridad Regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), luego de que EL NUEVO DIARIO le contactara para conocer sus consideraciones de frente a las iniciativas de ley del gobernante, en relación con el resto del Continente.

Isacson consideró, incluso, que de aprobarse la Ley de la Seguridad Nacional de la República de Nicaragua; y la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, que según juristas “vaciarían la Constitución”, significaría que los civiles se aceptarían como incapaces de administrar los asuntos públicos y que el Estado “debería usar uniformes” militares.

¿Cual es la apreciación de ustedes sobre el tema del control civil sobre las Fuerzas Armadas?
“Vemos al control civil sobre las Fuerzas Armadas, sin ambigüedades, como un elemento indispensable de una democracia saludable. Significa el mando de un Ministerio civil de Defensa, el control civil sobre el presupuesto y sobre la política de defensa, una clara separación entre los deberes y tareas militares y policiales, y una total capacidad de castigar, por medio del sistema de justicia, a soldados que cometen crímenes comunes, hechos de corrupción, o violaciones de derechos humanos”.

¿Cuál es la visión que tienen en WOLA sobre las tres iniciativas del presidente Ortega relacionadas con defensa y seguridad?
“Lo que proponen estos proyectos de ley es exactamente lo opuesto de lo que necesita una democracia que lucha para establecer el control civil sobre sus instituciones militares. Si Nicaragua hiciera una evaluación honesta de sus necesidades en defensa del territorio y de la soberanía --el único papel estatal que no pueden jugar los civiles-- haría un recorte importante a sus fuerzas militares, porque las amenazas a territorio y soberanía que enfrenta el país son escasas. Los recursos ahorrados irían a fortalecer a la Policía y a los ministerios que se encargan de proteger el medio ambiente, la construcción de carreteras y otros servicios básicos.

Lo que proponen estos proyectos de ley equivale a darse por vencido como Estado. Es como decir: ‘Los civiles nicaragüenses no podemos ofrecer los bienes públicos que cualquier Estado tiene el deber de realizar. Acudiremos a los militares porque son más disciplinados’. Mejor que todo el Estado lleve uniforme.

También parece que las reformas propuestas incrementarían el control presidencial directo a las Fuerzas Armadas, haciéndoles depender más de la figura del presidente. Eso arriesga politizarlos de nuevo, algo que es venenoso para la democracia”.

¿Cree usted que proyectos políticos como el del presidente Ortega, y las leyes propuestas, pueden llegar a terminar en la militarización de Nicaragua?
“Creo que lo que proponen las leyes propuestas --la creación y expansión de nuevos papeles para los militares en áreas que corresponden a civiles-- es la pura definición del término militarización".

¿Cuál sería un escenario más o menos ideal para aprobar este tipo de leyes que tienen que ver con los asuntos de defensa y de seguridad?
Si Nicaragua realmente quiere abordar sus retos en defensa y en seguridad, necesita decidir, de la manera más pluralista y participativa, cómo fortalecer las capacidades civiles en seguridad pública, la lucha antidrogas, la infraestructura y otras necesidades básicas. Esto implicaría un gran paquete de reformas a las capacidades civiles que requerirán de una generosa inversión de recursos. Ciertamente NO implicaría un proceso legislativo apresurado y exclusivo que resulta incrementando, de forma dramática, el papel de los militares en la vida cotidiana de los nicaragüenses.

¿Qué evaluación pueden hacer para Centroamérica, y cómo ven la situación desde Washington en Nicaragua?
“En Centroamérica, vemos a toda la región luchando por consolidar el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Debido a las incapacidades de las instituciones civiles, estamos viendo retrocesos en el control civil en casi cada país. Ante una ola de delincuencia que ha desbordado las capacidades policiales, Guatemala, Honduras y El Salvador están desplegando más y más a sus militares a jugar el papel de seguridad interna --algo que debe competer a civiles--. Se ve también cierta repolitización de las Fuerzas Armadas, como en el caso del golpe de Honduras de 2009 y los recientes esfuerzos en Nicaragua de incrementar el control presidencial directo sobre ellas”.

Con las leyes presentadas, ¿cree que Nicaragua está tomando el camino de Venezuela en términos de las relaciones entre el presidente y las Fuerzas Armadas?
“Sí y no. Sí en el sentido de que el presidente busca incrementar su control directo sobre ellos para que apoyen más explícitamente su proyecto político. No en el sentido de que el presidente Chávez parece desconfiar tanto de los militares venezolanos y de su línea de mando, que ha creado un gran cuerpo de milicias que se reportan directamente a él. En Nicaragua, por dicha, aún no vemos esto”.