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De acuerdo con la historia médica nicaragüense, en el país jamás se ha sentado en el banquillo judicial a las autoridades del Ministerio de Salud, Minsa, para que respondan por la muerte de algún paciente, al contrario, comúnmente castigan a los médicos involucrados, y el sistema sanitario continúa con las mismas precariedades, por ende, sigue cobrando vidas inocentes.

El hecho más reciente, que aún permanece en la palestra pública, es el de la doctora Auxiliadora Rodríguez, anestesista condenada por el delito acción por omisión a título de dolo eventual, en perjuicio de Alicia Indira Fernández Romero.

La cirugía que se le practicó a la víctima se realizó en el Centro Médico Americano, S.A., Cemasa, clínica que hasta después de la muerte de la joven madre, fue señalada de no tener las condiciones necesarias para operar.

La Ley General de Salud vigente orienta que es el Minsa la entidad encargada de velar para que se brinde a los beneficiarios una asistencia de calidad, por lo que esta institución es la encargada de habilitar, regular y controlar los distintos establecimientos sanitarios existentes en el país.

Leyes bien hechas, pero no se cumplen

“En Nicaragua, las normas de salud están bien escritas…, pero en la práctica se tiran por la borda. Específicamente en los centros de atención nacional, las condiciones no son las ideales”, declaró un especialista en temas de regulación.

Añadió que el Minsa no asume su responsabilidad de cumplir a cabalidad el estatuto, puesto que hay una serie de clínicas que funcionan en casas particulares, con unas cuantas camas, incluso plagadas de charlatanes que se hacen llamar médicos para estafar a la gente.

Ultrasonidos con nintendo

“Hace poco estaba una clínica en Tipitapa, en donde estaban realizando ultrasonidos con un aparato de nintendo. ¿Cuántos casos similares habrá en Managua a vista y paciencia del Minsa?”, cuestionó.

Según el experto, el problema que existe en Nicaragua es que el Minsa es juez y parte, ya que compra, vende y regula los servicios sanitarios.

“A eso se le llama corrupción; eso es amoral, porque ellos mismos van a sancionar al sector privado, que es su competencia, ellos mismos le dan el servicio de funcionamiento. Ahí está claro que lo que les interesa es el ‘bisne’, sacarle (dinero) a la gente. ¿Dónde está la política de la gratuidad?, sencillamente es una demagogia más”, señaló.

Conforme lo estipula la ordenanza, todo centro quirúrgico de atención primaria o secundaria debe tener obligatoriamente la ruta crítica, que incluye: emergencia las 24 horas con especialidades básicas (medicina interna, cirugía, pediatría y ginecobstetricia y medicina general, sala de parto, quirófano y cuidados intensivos, tanto para adultos como para neonatal).

Particularmente, Cemasa no pasó la certificación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, pero el Minsa la dejó funcionar.

“La responsabilidad de la doctora (Rodríguez) no es sólo de ella, es del sistema, porque nunca controló y dejó funcionando esa clínica”, agregó.

Los galenos que trabajan en los diferentes centros asistenciales del sector público, dan fe de que las condiciones en las que trabajan no son las más adecuadas. En algunos casos laboran en condiciones antihigiénicas.

“Si el Minsa iniciara por evaluar las unidades del país, se daría cuenta de que las estructuras más deficientes son las de dicha institución”, resaltó.