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El doctor Julio Francisco Báez recurrió ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para solicitar ser escuchado en el caso de los US$ 657,041.16 que la Corte mandó a pagar al Grupo Frank Mena, por supuestos impuestos indebidamente cobrados por el Estado.

El doctor Báez también emplazó a la Procuraduría y a la Contraloría a actuar con mayor fuerza en este caso.

La sentencia fue rubricada por los tres magistrados liberales y por los tres magistrados sandinistas de la Sala Constitucional: los doctores Guillermo Selva, Iván Escobar y Dámisis Sirias; así como los doctores Francisco Rosales, Ligia Molina y Rafael Solís Cerda.

Una fuente indicó a END que la doctora Molina redactó las partes conducentes de la sentencia.

“Con base en una noticia de EL NUEVO DIARIO, que habla de un proyecto de sentencia, ya suscrito por unanimidad, que se habla de una inminencia de una operación de la CSJ, no quise dejar pasar un segundo y vine a solicitar ante la Corte, con base en la Ley de Amparo que da el derecho ciudadano de hacer peticiones, entonces vine a pedir ser escuchado”, afirmó el doctor Báez.

Asimismo, dijo el doctor Báez, “vine a solicitar que a la Procuraduría General de la República y a la Contraloría General de la República, también se les escuche, porque tuvieron parte activa en esto”.


Constitución les obliga
“La Procuraduría tiene que hacer más, no sólo limitarse a hacer la consulta, debe presentarse. Y además, si la Corte lo estima conveniente, yo estoy pidiendo ser escuchado, yo quiero aportar algo para que esta Corte pueda mejor proveer en un caso tan delicado, hay elementos que hablan de una peligrosísima conducta, que pretende saquear una suma importante del erario”, alertó el doctor Báez.

El experto fiscal insistió en que “éste es un conato de asalto y debe ser frenado”, por lo que demandó a la Contraloría y a la Procuraduría, solicitar una audiencia pública del caso, con base en la misma Ley Orgánica de la Contraloría y la Constitución que le obliga a frenar esta situación.

“Éste es un intento abortable, porque la sentencia está en proceso, no existe una resolución definitiva de la Corte Suprema, razón por la cual hay que proceder”, valoró.