Jorge Eduardo Arellano
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El señor Pedro Pablo Mendoza Barrera, comerciante y empresario leonés, podría demandar judicialmente en las próximas horas a las autoridades de la comuna después de conocer que el pasado miércoles, el Concejo presidido por el edil Tránsito Téllez, adjudicó la venta de la Casa de Protocolo de Poneloya a otras personas.

De acuerdo con Mendoza Barrera, la municipalidad actuó irresponsablemente. “Yo me había desecho de otras cosas (posesiones), para comprar la propiedad en Poneloya, en donde pensaba construir un hotelito para trabajar los últimos días de mi vida”, refirió Mendoza Barrera, quien mencionó que en las próximas horas procederá judicialmente contra las autoridades de la Alcaldía.


Era venta “de palabra”, dice secretario de comuna
Sin embargo, el Secretario del Concejo de León, René Pacheco Solís, aseguró que es cierto que el Concejo aprobó la adjudicación de venta en primera instancia al señor Mendoza Barrera, pero también es cierto que no se procedió a la venta inmediata ni se entregó certificación de adjudicación de venta para proceder a los trámites legales.

“El Concejo dejó sin efecto la adjudicación de la venta de la propiedad al señor Mendoza Barrera, y ratificará su posición durante la sesión del cuatro de marzo. Nadie puede demandarnos porque la venta de la propiedad no se materializó, sólo quedó en palabras”, explicó Pacheco Solís.

La propiedad en Poneloya fue adjudicada el pasado cinco de febrero por el Concejo al señor Mendoza Barrera, quien ofreció 50 mil dólares. Posteriormente, por la presión pública de los leoneses y las investigaciones de EL NUEVO DIARIO, el Concejo decidió adjudicarla al señor Ausberto Narváez, en representación del hotel El Convento, quien ofreció 170 mil dólares.


Contraloría la incluye en auditoría
Los contralores colegiados decidieron ayer, de manera unánime, incluir el asunto de la venta de la Casa de Protocolo en la auditoría que practican a la gestión de Téllez y de su Concejo.

“Acordamos todos incluirlo (el tema de la casa) en la auditoría, porque la verdad es que no está nada claro lo que han hecho, porque vendieron, revocaron y después volvieron a vender en una situación bastante rara, así que es mejor que la auditoría determine cómo fue el asunto y si se cumplió con la ley”, dijo el contralor Guillermo Argüello Poessy.

El colegiado explicó que la Ley de Municipios distingue entre los bienes públicos municipales (destinados al uso y servicio de la población) y los bienes municipales particulares (su uso está limitado por la normativa de autoridad municipal).

“La Casa de Protocolo es un bien municipal particular, que se tuvo que vender con las cuatro quintas partes de los miembros del Concejo, pero respetando las leyes reguladoras del patrimonio estatal, porque tiene rango de bien estatal, es decir, se tuvo que considerar la Ley de Disposición de Bienes del Estado, que dice que aquellos bienes que superen los 200 mil córdobas deben ser vendidos con el aprobado de la Asamblea Nacional”, dijo el colegiado.