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De 80 a 100 millones de dólares que otorgarían en préstamos entidades fondeadoras internacionales, dejaron de percibir en 2010 las microfinancieras nacionales debido a la inestabilidad que provocó el llamado Movimiento No Pago y la aprobación de la Ley Moratoria, sancionada a inicios de año por la Asamblea Nacional y mandada a publicar en La Gaceta en mayo.

De acuerdo con lo anterior, los efectos de la Ley para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantía para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones Microfinancieras y Deudores en Mora, conocida como Ley de Moratoria, fueron devastadores, afirma Leonardo Torres, Vicepresidente del Consejo Nicaragüense de la Mediana y Pequeña Empresa, Conipipyme.

Torres señala que la falta de esos fondos hizo que el crédito a los sectores empresariales pequeños se contrajera, y que algunas microfinancieras estén por cerrar operaciones o por mermarlas.

El problema no sólo afectó a las 22 empresas de microcrédito afiliadas a Asociación de entidades microfinancieras, sino a cooperativas y prestamistas particulares, llegando a cubrir alrededor de 109 instituciones que trabajan con pequeños créditos.

La situación fue analizada durante una reunión de las agencias que trabajan con el Fondo Multilateral de Inversiones, Fomin, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se encontraron ayer para analizar tanto la situación de las microfinancieras centroamericanas, expuesta por representantes de la Red de Microfinanzas de Centroamérica, Redcamif, como el tema de la Ley de Microfinanzas, presentado por la Asociación de Microfinanzas de Nicaragua, Asomif.

Torres expresó que al no entrar entre 80 y 100 millones de dólares en préstamos que serían canalizados a las pymes por medio de las microfinancieras, la posibilidad de cierre de muchas pequeñas empresas es fuerte, y, por lo tanto, un incremento del desempleo en el sector, lo que al fin y al cabo reducirá el crecimiento económico.

Cadena de pérdidas

El también economista se preguntó cómo se está pensando en que la economía nacional crecerá un 4%, si el crédito está restringido, y más del 90 por ciento de los créditos que manejan las microfinancieras son dirigidos hacia las pymes. Eso conllevaría, agregó, a una cadena de pérdidas en las pymes y posibles cierres de algunas microfinancieras.

Esos efectos fueron creados tanto por el Movimiento No Pago como por la Ley de Moratoria, aseveró el vicepresidente de Conimipyme, lo que se dejó ver en la cita de las agencias que trabajan con el Fomin, al discutir sobre la situación de las microfinancieras centroamericanas, sobre todo las de Nicaragua y de Honduras.

Respecto de la Ley Moratoria, dijo que aunque fue aprobada por la Asamblea Nacional, no sirvió para nada, porque apenas un cinco por ciento de los deudores, representados --supuestamente-- por el Movimiento No Pago, se acercaron a las empresas de microfinanzas para llegar a arreglos de sus deudas, e incentivó la cultura del no pago.

Insistió Torres que hay microfinancieras con un futuro incierto, y cuando mucho están estancadas, dado que este año prácticamente no tuvieron fondos para prestarlos a los pequeños y medianos empresarios, y si no son apoyados, será muy difícil que éstos sobrevivan.

Por otra parte, dijo que los fondeadores internacionales pidieron tres condiciones para seguir apoyando a las empresas de microcrédito: que haya una ley que regule las inversiones; que se fortalezcan las instituciones de microfinanzas, y que haya políticas de Estado que no perjudiquen la recuperación de inversiones.

En torno a las discusiones sobre la Ley de Microfinanzas, dijo que es positivo que hayan logrado ya antes el consenso con el Consejo Superior de la Empresa Privada, Asomif, y Conimipyme. Apuntó que han estado trabajando con el asesor económico de la Presidencia y con la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.

La Ley de Microfinanzas debe entrar en vigencia en el primer trimestre de 2011, recordó el presidente de Cantur, quien expresó a la vez que lograron que Asomif propusiera que el ente regulador del sector sea la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, el Ministerio de Fomento, representantes de Asomif y Conimipyme, entre otras.