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Los sobreseimientos definitivos de causas penales a personas involucradas en las quiebras bancarias que hace 10 años sacudieron el país, por parte de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, cierran el capítulo judicial de una cadena de defraudaciones que costaron más de 500 millones de dólares al Estado de Nicaragua, sin que a la fecha una sola persona se encuentre pagando sus acciones delictivas en el Sistema Penitenciario.

Para el ex Procurador General de la República, Alberto Novoa, las sentencias emitidas en septiembre y diciembre del corriente año por la CSJ, bajo la aplicación de la Ley 715, Ley de Fijación de Plazo Razonable en causas pendientes del Código de Instrucción Criminal, por medio del cual libraron de acciones penales a los acusados de quebrar el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) y el Internacional Bank, grafican un nuevo tipo de quiebre moral para las instituciones de la justicia.

Para él, la citada ley se está aplicando con el único y exclusivo propósito de liberar de toda sanción o acción penal a las personas involucradas en defraudaciones al Estado.

Los magistrados de la CSJ argumentaron, sobre la base del principio de aplicación de la citada ley, que ya se había extinguido la acción penal de las doce personas acusadas por el Estado hace menos de una década.

El artículo 2, párrafo tres de la Ley 715, dice: “Cuando la pena que correspondiera aplicar por cada infracción cometida o se hubiera aplicado, sea mayor de cinco años y menor o igual a 12 años, no habiendo sentencia firme, los jueces y tribunales deberán resolverlos en el plazo fatal de 60 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Transcurrido ese plazo, el juez o tribunal deberá dentro de las siguientes 24 horas, declarar extinta la acción penal y dictar el respectivo sobreseimiento definitivo”.

“Es legal, pero inmoral”
“La aplicación de la ley es correcta desde el punto de vista legal, pero completamente inmoral”, dijo el ex abogado del Estado de Nicaragua.

“Es inmoral (la sentencia) porque la defraudación que se hizo al Estado de Nicaragua a través de las quiebras bancarias, aun sigue siendo pagada por todos los nicaragüenses de diversas formas, ese dinero que se usó para pagar las quiebras, se pudo usar para crear empleos, para alimentar a mucha gente, para medicina, pero en vez de eso se usó para pagar las deudas que provocaron un grupo de corruptos que hoy salen libres por una ley tan inmoral como la sentencia”, denunció Novoa.

El costo de liberar a Alemán
Según el ex procurador, la citada norma legal fue hecha para un caso específico y producto de esa situación, ahora se usa para liberar a personas por simpatías políticas partidarias.

“Esa ley fue hecha para liberar al ex presidente Arnoldo Alemán, antes de la sentencia que lo dejó libre, ya sabemos de las manos de qué magistrados y diputados, entonces, al aplicarse la ley esta para liberar a acusados de corrupción, lo que se hace es darle el beneficio de la libertad a los ladrones”, acusó.

“Vea el gran daño al tejido social y moral de esta ley: se hizo para aplicarse y sacar de líos a un corrupto, y ahora se aplica para beneficiar a más corruptos”, observó Novoa.

“Lo que queda en evidencia, con este festín de liberaciones, es que los causantes de ese gran daño al Estado, que quebraron bancos desde y asaltaron las arcas de los contribuyentes, hicieron una ley que ahora está dejando en quiebra moral a la CSJ”, sentenció Novoa.

Fiscal lamenta decisión de CSJ
El fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, alejado de los criterios políticos del ex procurador Novoa, lamentó la decisión de la CSJ por cuanto, a su criterio, siempre hubo suficiente evidencias para mantener en prisión a las personas acusadas de causar daños multimillonarios a la Nación.

Centeno Gómez, quien en su calidad de procurador del Estado, y luego como fiscal, entabló demandas y acciones penales contra las personas involucradas en las quiebras bancarias, explicó a su criterio que la aplicación de la Ley 715, o Ley de Plazo Fatal, se está usando de manera “demasiado discrecional”.

“Esa ley la ocupan solo y únicamente para casos particulares, pero para lo político no la hicieron funcionar”, dijo.

“Yo creo que la ley la aplican de manera discrecional, demasiado a mi criterio, con cierta potestad discrecional y no reglada, porque si hubiera sido de una manera sustantiva, se estaría aplicando en todos los casos generales, incluyendo aquellos casos de naturaleza política, que ahí no la aplican si no es para beneficio de un partido”, denunció.

“Ahora, nosotros seguimos creyendo, como Fiscalía, y lo sostenemos, que es injusto que se hayan dado sobreseimiento a esas personas, porque todos ellos son los verdaderos creadores de la crisis del problema bancaria, incluso de lo que resultó con los Cenis, que fue otra gran defraudación escandalosa pero que no nació sola, sino como resultado de las quiebras de esas personas ahora dejadas en libertad”, señaló el fiscal general.

“La Procuraduría en su oportunidad los acusó a todos, al Interbank, al Banco del Café, al Banic, al Banco del Sur, y todas las pruebas estaban ahí y fueron condenados en primeras instancias”, recordó Centeno, ex procurador general de Justicia.

“Luego vino el procedimiento de apelación, casación y así poco a poco fueron saliendo, y ahora si mal no me equivoco, no hay una solo persona detenida y pagando condena por esos daños de más de 500 millones de dólares que le provocaron al Estado de Nicaragua”, observó.

La llamada “Ley de Plazo Fatal” fue aprobada por la Asamblea Nacional a instancias del diputado del PLC, José Bernard Pallais Arana. Ahí se estableció un plazo máximo de 60 días o dos meses para que los jueces y tribunales del país dicten sentencia o archiven para siempre todos los juicios pendientes desde 2002.

EL NUEVO DIARIO llamó al diputado Pallais a su celular para preguntarle su criterio sobre la aplicación de la ley en este caso de las quiebras bancarias. En un primer momento dijo que no escuchaba bien la pregunta, que se movería a otro lugar menos ruidoso.

Luego, con menos ruido, se le volvió a preguntar si consideraba que la aplicación de la Ley 715, que él promovió, estaba bien aplicada a su criterio, en este caso de las quiebras bancarias. La llamada se cortó abruptamente. Cuando se le intentó llamar de inmediato para restablecer la comunicación apareció el buzón de voz de su celular.