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Para Luisa Molina, vocera de la Coordinadora Civil, no es una sorpresa que se libere de culpabilidad absoluta a los involucrados en la quiebra bancaria que superó los 500 millones de dólares, pues asegura que en Nicaragua “los ladrones de saco y corbata siempre han gozado de libertad”, gracias a que “la justicia está raptada” por orteguistas y arnoldistas.

La Ley 715, Ley de Fijación de Plazo Razonable en causas pendientes del Código de Instrucción Criminal, dice: “Cuando la pena que correspondiera aplicar por cada infracción cometida o se hubiera aplicado, sea mayor de cinco años y menor o igual a 12 años, no habiendo sentencia firme, los jueces y tribunales deberán resolverlos en el plazo fatal de 60 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Transcurrido ese plazo, el juez o tribunal deberá dentro de las siguientes 24 horas, declarar extinta la acción penal y dictar el respectivo sobreseimiento definitivo”.

Los miembros de la sociedad civil critican la aplicación de dicha norma a los involucrados por parte de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en el caso de la quiebra bancaria, del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) y el Internacional Bank, Interbank, desde hace diez años.

Las Leyes son para quien las hace
Según Molina, la resolución judicial que pone término al procedimiento jurídico en el caso de la quiebra de dichos bancos, deja en evidencia, una vez más, que “estamos hundidos en la corrupción, y que las leyes solo favorecen a los ladrones de cuello blanco”.

“La coordinadora hizo un análisis jurídico sobre el caso de los Cenis, situación de la quiebra de los bancos, eso se le presentó a la Procuraduría, Contraloría y a la sociedad, incluso en esas instituciones nos dijeron que ellos iban a tomar cartas en el asunto desde la perspectiva judicial, pero al final todo quedó en la impunidad”, expresó Molina.

Asimismo, agregó que en el país la justicia “está raptada” por dos partidos políticos y la manejan a su conveniencia.

“La justicia está partidizada, y las leyes están sólo para aplicársele a los pobres, a los que se roban una gallina, a los que no tienen ninguna relación partidaria, y a los médicos, a pesar de que no hay una política de salud integral que garantice la vida de las personas”, recalcó.

Ley es una coartada
Por su parte, el diputado Enrique Sáenz, Presidente del Movimiento de Renovación Sandinista, MRS, asegura que estamos en el “reino de la impunidad”, que la institución judicial sólo dicta resoluciones de acuerdo con intereses políticos y partidarios.

“La aplicación de esa norma es sólo una coartada. ¿Por qué no habían dictado sentencia antes?”, cuestionó Sáenz.

“Somos los nicaragüenses quienes año con año estamos pagando los costos de la deuda interna generada por la quiebras bancarias, son las espaldas de la población las que soportan el peso del robo y de la impunidad”, indicó.

Sáenz agregó que las personas que están al frente de los tribunales no son administradores de justicia, sino administradores de componendas político partidarias.