Ary Pantoja
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La Asamblea Nacional nunca autorizó la venta de los edificios del Centro Financiero Banic “Oscar Perezcassar”, y donde actualmente funciona el Ministerio Público, ambos bienes propiedad del Estado y adquiridos mediante subasta pública por Agropecuaria Lafise.

A solicitud del Procurador General de la República, Hernán Estrada, el primer secretario del Poder Legislativo, Wilfredo Navarro Moreira, emitió una certificación en la que le informa a Estrada que “la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua no ha aprobado ninguna ley en la que se autorice al Banco Central de Nicaragua, la venta de los bienes descritos…”.

Uno de los bienes a que hace referencia la certificación y cuyo registro fue solicitado por el procurador Estrada, es el Centro Financiero Banic, adquirido por Lafise y ubicado en tres lotes de terreno.

El lote uno, inscrito bajo el número 76,246; Tomo 11, propiedad horizontal, folios 247, 264, 26 y 269, asiento 4º. El lote dos, inscrito bajo el número 126,922, Tomo 1951; folios 174, 180, 183 y 186; asiento 2do. Y el lote tres, inscrito bajo el número 68,978, Tomo 1,162M; folios 74, 77, 78 y 79; asiento 3ero.

El otro bien inmueble es el edificio donde actualmente se ubica el Ministerio Público o Fiscalía General de la República, ubicado en un lote de terreno inscrito bajo el número 40,576; Tomo 1162; asiento 5to. Ambas propiedades estaban inscritas a nombre del Estado de Nicaragua, según la solicitud del procurador.


Lafise se defiende
Enrique Zamora, Gerente General de Agropecuaria Lafise, dijo que se enteró por EL NUEVO DIARIO de la situación antes mencionada, sin embargo, aclaró que la adquisición de los bienes se hizo en subasta pública, y ante la presencia del entonces Procurador General de la República y de los contralores colegiados, y que nadie impugnó el remate de las propiedades.

Mediante un documento oficial del Banco Central de Nicaragua elaborado en agosto de 2006 y al cual tuvo acceso EL NUEVO DIARIO, se especifica el “proceso de adjudicación de la subasta de bienes inmuebles y cartera”, el cual incluye que “una vez recibidas las ofertas en sobre cerrado, en presencia de los postores, invitados y de la Procuraduría General de la República, en su carácter de notario del Estado, los abogados de la firma FFN (First Financial Network), procedían a abrir las ofertas públicamente…”.

Según el resumen de ventas del BCN, en bienes inmuebles se remataron 404 propiedades a un monto de 20 millones 819 mil 148 dólares; ello sin incluir 581 obras de arte que sumaron 959 mil 970 dólares; así como muebles, enseres y equipos por 138 mil 914 dólares.

Conforme el documento, la firma FFN “realizaba el proceso de adjudicación de las ofertas a través de un software de optimización, en el cual se escogían las ofertas más altas para cada activo o paquete de activos. First Financial Network emitía una recomendación por escrito al Consejo de Ventas de Activos creado pro el Consejo Directivo del BCN…”

De esta manera, Lafise justificó la adquisición de los bienes. Extraoficialmente se conoció que la solicitud de la Procuraduría es parte de las múltiples investigaciones que realiza la entidad, vinculadas al caso de la emisión de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis.