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Paraguay ha pedido ayuda a EU para desarrollar una red de escuchas telefónicas en el país sudamericano que permita al Gobierno controlar el 90% de las llamadas que se producen entre teléfonos móviles. El gobierno de Fernando Lugo quiere, además, tener acceso a los programas informáticos que emplea la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) para efectuar tales escuchas. Washington se muestra reticente ante la posibilidad de que esa tecnología se emplee no para combatir el delito, sino para fines políticos internos, pero considera que no tiene otra opción que colaborar con el presidente paraguayo.

La DEA opera desde hace años en Paraguay al amparo de acuerdos bilaterales de lucha contra el narcotráfico. El país es el mayor productor de marihuana de Sudamérica. Como parte de esa estrategia, la agencia emplea desde septiembre de 2009 dispositivos de escuchas para teléfonos móviles cuya utilización está limitada exclusivamente a la Secretaría Antidroga (Senad) paraguaya. Los estadounidenses no permiten a otras ramas de la Administración paraguaya el acceso a esos programas.

Sin embargo, en febrero de este año, el Gobierno paraguayo se dirigió a los estadounidenses tanto con la petición de tener acceso a esos programas como con la de integrarlos en un nuevo y más amplio sistema de escuchas. El objetivo declarado de Asunción es combatir a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), autora a finales de 2009 del secuestro de un ganadero, Fidel Zavala, que terminó con el pago de un rescate de 550,000 dólares y una lluvia de críticas contra la Administración, por lo que se entendía como inacción ante el aumento de la violencia en el país. “La lucha contra la droga es importante, pero [el narcotráfico] no hará caer a nuestro Gobierno. El EPP podría hacerlo”, aseguró el ministro del Interior, Rafael Filizzola, a la embajadora de EU, Liliana Ayalde, según relata esta en un informe secreto enviado a Washington.

Se niegan, pero a medias

De hecho, ya durante el secuestro de Zavala el Gobierno solicitó a Washington el acceso al programa de escuchas, pero los estadounidenses se negaron, aunque cooperaron con el Ministerio del Interior para controlar 12 líneas de teléfono relacionadas con el caso. El secuestro finalizó en octubre de 2009, y el 10 de febrero de 2010 el ministro Filizzola aseguró a la embajadora Ayalde que el Gobierno paraguayo ya tenía lista toda la cobertura legal y técnica para poner en marcha el nuevo sistema de escuchas. De hecho, había comprado equipos de interceptación a Brasil por valor de 1.2 millones de dólares. Sólo faltaba que Washington permitiera el acceso a los programas que tiene instalados la DEA en Paraguay para que el sistema fuera completamente operativo.

El ministro argumentó que el nuevo sistema dejaría obsoleto al que utilizan los estadounidenses en Paraguay, y que, por tanto, sería lógico que Washington compartiera sus programas informáticos de rastreo y escucha. No obstante, Filizzola dio garantías de que el sistema viejo seguiría funcionando, y añadió que el presidente ya había aprobado el nuevo programa, y que además Lugo iba a hablar con el ministro de la Secretaría Antidroga, César Aquino, para ponerle al día del proyecto. Sin embargo, la embajadora Ayalde destaca en su informe, escrito el 18 de febrero de 2010, que “a la hora de escribir esto, Lugo no le ha dado la noticia a Aquino”.