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La jueza Distrito Penal de Juicio de Rivas, Iveth Toruño, defendió ayer sus sentencias, mediante las cuales condenó a los 10 procesados por narcotráfico y que fueron absueltos este mes por el Tribunal de Apelaciones de Granada, lo cual significó para un constitucionalista, una autocondena de la misma Corte Suprema de Justicia.

“Yo defiendo lo que digo en mi sentencias y la prueba lo respalda”, expresó la jueza Toruño.

Los magistrados de la Sala Penal de Granada argumentaron en la sentencia 39, donde absuelven a Wiliam Argueta Pérez, Armando Urbina Cerros, Erick Urbina Aráuz, Pedro José Meléndez Chavarría, Alberto Núñez Savilla, Carlos Mauricio Gutiérrez Benavides, Félix Dávila, Everth Enrique Coronado y Bayardo Areas Díaz --todos procesados por Tráfico interno de estupefacientes en perjuicio del Estado de Nicaragua, en mayo de 2009--, que no existían pruebas que los incriminen y que los vinculen como una banda de narcotraficantes, por eso los sobreseyeron.

“Se trata de un tribunal superior y debo respetar sus decisiones, pero en el juicio oral y público todo quedó probado; porque esas personas (procesados) no se movilizan en la ruta por gusto, sino que van en resguardo del que lleva la cocaína, los reales, para que no se desvíe, eso está claro en el proceso y hay pruebas evidentes. Es fue mi valoración y la sostengo. Hay una implicación entre todas estas personas”, reiteró la doctora Toruño.

Sorprendida

En el caso de la sentencia 40, donde las mismas magistradas Ligia Rivas y Julia Selva, y el magistrado Alejandro Estrada absolvieron a Gilbert Antonio Vanegas Vargas, porque supuestamente no encontraron prueba que lo incriminara, la juez Toruño afirmó que durante el juicio los testigos lo señalaron como uno de los presentes en el lugar de los hechos, y que era el dueño de la droga robada por los tumbadores.

Respecto al condenado, Carlos Enrique Siézar Robles, a quien en la misma sentencia 40 le anulan de oficio el proceso por supuesto defecto absoluto, al argumentar que hubo violación procesal al juzgar al acusado sin estar presente en la audiencia, dijo:
“Carlos Siézar sí estuvo presente en el juicio, su firma consta en las actas del 10 de febrero de 2009, por lo cual me sorprende que digan que no estuvo. Además, existe una prueba pericial (Ioscan) de la Policía Nacional, que da positivo con presencia de cocaína en los brazos y todo consta en el proceso”, dijo la judicial.

Toruño reiteró: “Existe toda la prueba indiciaria y directa en las que basé mi sentencia. No violé ningún principio procesal. Yo defiendo mi sentencias, aunque respeto a mis superiores”.

CSJ debería respetar Constitución

Para el jurista Gabriel Álvarez, lo sucedido en el Tribunal de Granada con las narcoliberaciones es más de lo mismo que sucede en el Poder Judicial. Además, expresó que si la Corte quiere poner orden a este tipo de corrupción debería empezar desde arriba a respetar la Constitución y la legalidad.

“Lo sucedido en Granada no es para extrañarse, cuando en la Corte viven en reiterada corrupción por politización de los casos, alejándose de la legalidad. Sencillamente, los antecedentes los condenan”, dijo Álvarez.

El jurista agregó que dadas las circunstancias en que se dieron los casos, como es la absolución en períodos vacacionales y la pretensión de querer obviar evidencias tan claras, “despiertan suspicacias en la ciudadanía”.

Aseguró que es comentario de abogados litigantes que son comunes los errores en el procedimiento de forma premeditada, para que las autoridades de instancias superiores puedan beneficiar a los delincuentes cuando lleguen a sus manos.

“También se da la interpretación rigurosa, de parte de las autoridades de segunda instancia (magistrados de apelaciones) en aras de facilitar la salida al delincuente”, reiteró.

“Debe sanearse desde adentro”

Para Álvarez, un Poder Judicial que pretende sanearse de un problema que ya está desbordado, debe empezar desde la Corte, actuando de manera imparcial, apolítica. Hasta entonces “daría confianza de que sí meterá la mano en esos lugares donde hay corrupción, que funcionen con criterios legales”.

El comentario se debe a que a raíz de las denuncias públicas de las narcoliberaciones, la magistrada Alba Luz Ramos, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, opinó que aunque el tema no se ha tratado en Corte Plena, ella es del criterio que sí deben aplicarse sanciones, porque los magistrados de Granada incurrieron en faltas graves.

Ahora queda esperar la elaboración y discusión, en enero, del informe de las 10 absoluciones a procesados por narcotráfico y crimen organizado, por parte de los honorables magistrados en pleno, para saber si aplicarán o no medidas disciplinarias contempladas en la Ley de Carrera Judicial.