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La Corte Suprema de Justicia, mediante un comunicado de prensa publicado este 24 de diciembre, admitió que las sentencias 39 y 40 dictadas por el Tribunal de Apelaciones de Granada han transgredido las orientaciones vertidas respecto del trámite de los juicios relacionados con la narcoactividad y el crimen organizado, para evitar su impunidad; por tanto, se inició un proceso investigativo a los magistrados involucrados que será presentado en la primera Corte Plena del año 2011.

Además se comprometió a sancionar a las personas que resultaran involucradas en las “más mínimas irregularidades” en la tramitación de las sentencias absolutorias.

En las famosas sentencias 39 y 40, emitidas en la primera quincena de este mes, los magistrados Ligia Rivas, Julia Selva y Alejandro Estrada absolvieron a 10 reos condenados a 10 y 19 años de cárcel por tráfico de estupefacientes y crimen organizado, anularon el juicio a uno y bajaron las condenas a otros, facilitándoles el camino a la libertad condicional.

“Las sentencias 39-2010 y 40-2010 dictadas por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur, han transgredido estas orientaciones de la Corte Suprema de Justicia, que hasta la saciedad ha advertido que independientemente de cualquier tecnicismo legal, cuando la prueba es tan abundante como evidente, debe aplicarse la ley con todo su rigor para impedir que estos delitos queden impunes”, reza el comunicado.

Corte se compromete a sancionar a involucrados

Según Roberto Larios, jefe de relaciones públicas de la Corte, ante la gravedad de la situación, la Corte decidió emitir un comunicado para dejar claro que la Sala Penal de este poder ha insistido constantemente, por medio de circulares y comunicaciones internas, en el cuidado que todos los jueces y juezas, magistrados y magistradas deben tener en estos casos por su íntima relación con la seguridad ciudadana y la seguridad de la nación.

“Hay una política de persecución y castigo al narcotráfico y no se debe permitir, bajo ninguna circunstancia, que se viole la ley y se permita la impunidad en este tipo de delitos”, expresó Larios, durante la lectura del comunicado oficial.

También reiteró que el proceso investigativo de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial, lo está llevando a cabo la magistrada Yadira Centeno, en coordinación con la Inspectoría Judicial y que sobre la base de los resultados, “la Corte Suprema de Justicia se compromete a sancionar de conformidad con la ley a cualquier funcionario o funcionaria del Poder Judicial que resultare responsable de la más mínima irregularidad en la tramitación de los juicios que han dado por resultado estas sentencias absolutorias”, se lee en el comunicado.

En el documento también reiteraron la disposición de la Corte Suprema de Justicia de continuar aunando esfuerzos con las demás instituciones del Estado en el combate al crimen organizado.

Continúan detenidos

Durante la conferencia, Larios también manifestó que las sentencias absolutorias no se han hecho efectivas, gracias a las coordinaciones con el Sistema Penitenciario y la Fiscalía.

Los beneficiados habían sido capturados el 26 de enero de 2009 en un retén de Cárdenas, Rivas, y en casas aledañas, con 200 mil dólares y más de 68 kilos de cocaína, sin embargo, los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada dijeron en su sentencia absolutoria que ninguno de ellos tenía vinculación con la droga, ni las armas, menos con el dinero incautado.

Caso contrario, la juez de Distrito Penal de Juicio de Rivas, Ivette Toruño, quien los condenó, mantiene que su sentencia para los diez acusados está más que probada.