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Ricardo ve su vida pasar lentamente a través del cristal de una botella de licor. Tiene muchos hogares. Una calle del Mercado Oriental, una cuneta, una esquina. Vende latas para costear el licor que le ha carcomido la vida, un vicio que lo hizo perder a su familia y su trabajo. Para él no hay nada más importante en el mundo.

Viste harapos. Su piel está mustia, sus ojos han perdido el brillo de la vida. Casi no logra mantener una conversación, pierde el hilo con facilidad y camina en zigzag. Ha estado ingresado tres veces en el hospital siquiátrico, pero lo ha abandonado por su propia voluntad.

Ricardo, cuyo nombre real preferimos omitir en aras de respetar su privacidad, padece una sicosis secundaria al alcoholismo. Es una enfermedad que sufre desde hace más de dos años, y la primera causa de ingresos en el hospital siquiátrico de Managua.

No existe política de salud mental
Según Denis Darce, Director de Proyectos y Capacitación de la CPDH, los casos como el de Ricardo son comunes, porque el Estado no tiene una política de salud pública en el país.

“El Estado nicaragüense debe ser el principal garante de la salud de sus ciudadanos. Si los enfermos mentales han perdido la capacidad de asumir el control de su vida y de sus actos, éste debe asumir un rol más activo. Los enfermos mentales que deambulan en las calles son responsabilidad del Estado, no sólo por ellos, sino por los daños que pueden ocasionarles a otras personas. Así que deben internarlos en el hospital siquiátrico”, aconseja Darce.

Estado, el principal responsable
En cuanto a las tres muertes acontecidas en el hospital sicosocial de Managua, las cuales fueron cometidas por otro paciente con antecedentes penales, para Gonzalo Carrión, Director Jurídico del Cenidh, la principal responsabilidad es penal y administrativa.

“El Estado nicaragüense es el principal culpable de estas muertes, porque no garantiza las condiciones de infraestructura, no tiene personal capacitado para atender a reos con problemas siquiátricos, brinda mala asistencia farmacológica y no tiene suficiente personal. Esto no es culpa de los tres enfermeros que suspendieron. Eso sólo fue una cortina de humo para ocultar que el Estado se está deslindando de sus deberes”, expresó.

El otro problema que identifica Carrión es que el Estado ha incumplido su deber de esclarecimiento de los hechos, de forma pública y transparente, ya que todo lo que se ha conocido en torno al caso ha sido a través de los medios de comunicación.

“Cuando se produce este tipo de situaciones, el Estado tiene que esclarecer los hechos ante la ciudadanía, porque las personas que están internas son tutelares de él. Pero lo que vimos en este caso fue un encubrimiento total. No se pronunció el Minsa, ni el Instituto de Medicina Forense ni la Policía”, recordó Carrión.

El Estado tiene el compromiso legal de informar a la ciudadanía sobre cualquier situación que ocurra en una institución pública, de presentar las pruebas y la evolución de las investigaciones. Estos documentos deben estar disponibles para todo el ciudadano que desee leerlos, ya que lo ampara el derecho a la información pública.

Según Carrión, en esta tragedia el Estado cometió muchos errores. No cumplió con su papel de prevención y protección de la vida de estas personas, ya que no brindó las condiciones para una adecuada supervisión. No esclareció los hechos ante la fragilidad de una institución que está en el más completo abandono, y no dio garantía de no repetición.

“Una de las cosas más preocupantes en casos como éste, es que si el Estado no ha revelado lo que pasó, lo más probable es que tampoco esté tomando medidas para evitar que existan víctimas futuras, porque estamos ante problemas estructurales de fondo”, recalcó Carrión.

Para Darce, la vulnerabilidad del hospital siquiátrico es obvia y difícil de solucionar, ya que requiere la acción coordinada de muchas instituciones.

En primer lugar, el Minsa tiene que garantizar los recursos físicos y humanos para el funcionamiento adecuado del hospital, y realizar auditorías periódicas para ver si se están cumpliendo los protocolos de atención siquiátrica.

Agregó que la Asamblea Nacional debe asignarle más presupuesto al hospital. Los jueces ejecutores de penas deben llegar al centro asistencial para verificar si los reos están cumpliendo con su proceso de rehabilitación y reinserción social. Finalmente, el Instituto de Medicina Legal debe valorar y supervisar la evolución de los reos.

Se violentan derechos humanos
En el caso del hospital siquiátrico, hubo clara violación a los derechos de las víctimas y del victimario.

“El Estado debe responder por la vida de todas las personas hospitalizadas, cosa que no pasó en este caso. Estas personas fueron víctimas de un sistema obsoleto que no ofrece las condiciones para garantizar la recuperación de su salud y la preservación de su vida bajo condiciones dignas. Pero también violentó los derechos humanos del victimario, porque él es parte de la reeducación penal”, explicó Darce.

Es un asunto político
Para el director jurídico del Cenidh, es obvio que esto es parte de una estrategia política. La salud mental siempre ha estado en un segundo plano porque no suma votos.

Consideró que en Nicaragua no existe educación sobre la importancia de la salud mental. Para la mayoría de las personas, la salud se reduce al componente físico, desconocen que el cuerpo es un ente biosicosocial, en el cual la mente juega un papel preponderante.

“El problema en nuestro país es que lo que no es explotable políticamente no vale. Y la salud mental no representa más votos, porque es algo a lo que la gente no le da importancia. Más bien es un tema que se trata de ocultar, que abochorna a la familia y a los mismos pacientes. Todavía, hoy por hoy, ir a un psiquiatra sigue siendo un tabú”, afirmó Darce
¿Qué hacer?
Para cambiar la situación del hospital siquiátrico, el director jurídico del Cenidh recomendó que debemos asumir un rol más activo. Los familiares tienen que recurrir a instituciones de derechos humanos y denunciar los abusos a los que están siendo sometidos sus familiares.

Agregó que es necesario crear centros penales de reinserción y rehabilitación siquiátrica, o al menos, dividir al hospital en dos alas: una que abarque a las personas enfermas, pero no peligrosas, y otra que absorba a las que tienen compromiso penal.

“Los medios de comunicación deben seguir impulsando campañas de investigación para descubrir estas evidentes violaciones a los derechos humanos”, añadió.

Dijo, además, que se debe sensibilizar al Estado y obligarlo a que las prioridades no se definan en términos de cantidad, sino de impacto en la vida y la salud de las personas.

Sólo una sociedad beligerante podrá revertir que la vida de personas como Ricardo siga a la deriva, y que otras como Pablo Arellano Chávez, Julio Villavicencio y “Daniel”, las tres víctimas que murieron en el hospital sicosocial, sean segadas.