Danilo Aguirre
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Los Cenis y su uso político

Durante la administración del doctor Arnoldo Alemán colapsaron cinco bancos, tres de ellos, al menos, con evidentes muestras de quiebras fraudulentas.

En otros países estas situaciones se rigen por la legislación común, abriéndose un concurso de acreedores privilegiados, acreedores comunes y cuenta-habientes con diferentes tratos en sus clasificaciones, que se distribuyen los bienes rescatados de la institución liquidada.

Aquí se invocó la estabilidad política y el Estado asumió el respaldo a los depositantes.

Independientemente de la razón que pudo haberle asistido al gobierno, no podemos dejar de señalar la injusticia de que fuimos objeto todos los contribuyentes al erario, que terminamos pagando los platos rotos.

Desde las juntas liquidadoras hasta la subasta del último bien de los bancos quebrados, se estableció una cadena de disposiciones que ha sido cuestionada por economistas privados y por la opinión pública en general.

La más severamente enjuiciada ha sido la autorización para emitir certificados que deberían cubrir el déficit entre lo recuperado y lo que tuvieron que asumir los bancos que se hicieron cargo de las entidades quebradas. Estamos hablando de los ya famosos Cenis.

Pero veamos qué ha pasado con los eslabones de todo este atroz asalto al bolsillo de los nicaragüenses.

Los que quebraron los bancos desde adentro, con préstamos relacionados que nunca pagaron o que soportaban prendas falsas, y los que lo hicieron desde afuera con similares procedimientos o estafas cuidadosamente elaboradas a la sombra de montañas de cascarilla de café y arroz, hoy forman parte de los llamados empresarios patrióticos, a lo mejor en busca de formar otros bancos, e incluso los hermanos que se hicieron famosos hasta por su tráfico con vehículos y otros bienes con la ONG de la Iglesia Católica, hoy son asesores financieros de un partido político.

Las juntas liquidadoras donde prevaleció en su integración el amiguismo, el correligionarismo, el nepotismo y en algunos casos el compartir con sus mentores las fabulosas sumas cobradas, llegaron casi a constituir una quiebra sobre las quiebras, y de ellos nadie se ocupa, ni siquiera para llamarlos como testigos.

El que autorizó los Cenis, objetos de nulidad según la Contraloría, y de opción ilegal de acuerdo con algunos economistas, así como el presidente del Banco Central que los inició con una astronómica tabla de intereses, están prudente y convenientemente cobijados por una muy discutible prescripción.

De los créditos subastados que se negocian en las oficinas del parque El Carmen hasta por el diez por ciento de su valor --¿en cuánto los adquirirían?--, y se pagan en las oficinas de Western Union, nadie indaga qué extraña sociedad cobija semejante operación.

La Fiscalía, con gran teatro mediático, sólo se ocupa de los otros dos eslabones: la subasta de inmuebles y la renegociación que se hizo en el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños.

Precisamente donde descuellan las figuras que el interés político de los que mueven la mano del fiscal, quieren sacar del juego electoral.

El corolario de este comentario no puede ser más trágico.

No hay posibilidad de que los nicaragüenses logremos al fin sólo pagar lo que realmente fue el déficit cubierto por los banqueros y sus justos intereses.

Los causantes de las quiebras y las requiebras seguirán honorablemente moviéndose en los círculos más conspicuos de la sociedad nicaragüense. Y lo peor: se da un paso más hacia el fraude virtual que está signando las elecciones municipales de noviembre.