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El nombramiento del fiscal Armando Juárez como fiscal electoral, que estará encargado de investigar denuncias y de perseguir los delitos electorales en los comicios presidenciales de 2011, dejó en la doctora Vilma Núñez, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, la interrogante de por qué se le nombró con tanta anticipación.

Núñez afirmó que la Ley Electoral estipula que dicho nombramiento se tiene que hacer seis meses antes de las elecciones y en esta ocasión se hizo 11 meses antes.

El artículo 178 de la mencionada Ley, en su segundo párrafo especifica: “Seis meses antes de cada elección, plebiscito o referendo se creará, dentro de la Procuraduría General de Justicia --en este caso el Ministerio Público--, una Procuraduría Específica Electoral, que cesará en sus funciones una vez resueltos los problemas correspondientes”.

Algo que con la Ley Orgánica del Ministerio Público pasó a denominarse Fiscal Específico Electoral. Entonces, tal como ocurrió con las inscripciones de candidatos, ¿a qué se debe la anticipación y qué hay detrás de ella?

Petición del CSE, otro aspecto muy curioso
Pero esto no es todo. Más interesante le parece a Núñez que una instancia tan desacreditada, como es el Consejo Supremo Electoral, CSE, cuyo cuerpo completo está compuesto por funcionarios de facto, sea la que “recomiende” al fiscal general Julio Centeno Gómez, quién será el que los va a fiscalizar, siendo el seleccionado un fiel miembro del partido de gobierno.

“Qué bueno está eso. Que la institución que será fiscalizada pida quién la va a fiscalizar. Y lo mejor de todo es que el fiscal Centeno --perteneciente al autollamado partido de oposición-- con las referencias del CSE, acepte semejante petición”, expresó la doctora Núñez.

Hay por dónde comenzar

Según la activista de derechos humanos, desde la fiscal Blanca Salgado, es evidente que ese cargo ha dejado mucho qué desear, en tanto a la investigación y el castigo de los delitos electorales.

Señaló que uno de los primeros pasos a tomar debería ser la limpieza de la propaganda electoral, la cual inunda las instituciones del Estado. Algo que de por sí ya es un delito.

Entre los delitos especificados en el artículo 75 de la Ley Electoral, está que se penaliza al que se aproveche de sus subalternos para obligarlos a votar en determinado sentido o abstenerse, quien use bienes del Estado para fines electorales o haga proselitismo en oficinas públicas. Para esto se establece arresto de uno a dos años.