Lésber Quintero
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El Tribunal de Apelaciones de Granada en medio de las fiestas de fin de año trató de liberar a los nueve narcos condenados que guardan prisión en el Sistema Penitenciario Nacional, pero el nombramiento de un juez ejecutor para intimar al alcaide de la prisión no prosperó para dejarlos en libertad.

Resulta que abogados defensores de los condenados por narcotráfico al ver que la orden del TAG fue cuestionada públicamente y fue hasta objeto de investigación por la Corte Suprema de Justicia, recurrieron de amparo, mediante recursos de exhibición personal por detención ilegal.

Uno de los casos es el del reo Armando Urbina Cerros. Al llegar el recurso de exhibición personal al mismo Tribunal de Apelaciones de Granada, los magistrados con una sorpresiva rapidez, a pesar de las vacaciones, le dieron nuevamente la razón y nombraron a un juez ejecutor. Roberto Zamaría, nombrado el 27 de diciembre, debía proceder a intimar al alcaide o bien a cualquier otra autoridad causante de la detención.

Zamaría llegó a las oficinas del alcaide Francisco Inés Rocha, quien le presentó al reo y éste dijo que estaba quedando ciego.

En la indagación, Zamaría solicitó el expediente del reo, y en él encontró la orden de libertad que fue recibida en el sistema penitenciario el diez de diciembre, y a la vez halló constancia del secretario de la Sala Penal de Granada, doctor Jaime Rizo, en la que se detalla que por órdenes de los magistrados se excarcela al interno Urbina Cerros.

Una vez que el juez ejecutor examinó el expediente del reo Urbina Cerros y constató que en él se encontraban órdenes de libertad y constancias emitidas por la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Granada, resolvió ordenar la inmediata libertad del reo.

Zamaría alegó que “de acuerdo con el artículo 34 de la Constitución, las órdenes emitidas por los jueces y tribunales son de ineludible cumplimiento, y que por ende Urbina Cerros estaba detenidos desde el diez de diciembre ilegalmente”.

Sin embargo, el alcaide le respondió al juez ejecutor que no pondría en libertad al reo hasta que se lo ordenara la autoridad superior, que, en este caso, sería la titular de Gobernación, por lo que los nueve reos favorecidos continúan --hasta la fecha-- encerrados en el sistema penitenciario.