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Los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada, TAG, Alejandro Estrada Sequeira  y Julia Marina Selva, de tendencia liberal, y Ligia Rivas Peña, de filiación orteguista, ya regresaron de sus vacaciones de Navidad y Fin de Año, pero no quisieron dar declaraciones sobre la orden de libertad que firmaron a favor de unas diez personas condenadas por narcotráfico.

Sus secretarias manifestaron que existe una disposición de no dar entrevistas a los medios de comunicación, por lo que sería casi imposible conocer la posición oficial de la Sala Penal.
 
Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia abrió ayer el proceso de investigación contra los tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Granada, quienes firmaron en diciembre pasado más de nueve absoluciones y reducciones de penas a procesados por narcotráfico.

La divulgadora del Tribunal de Apelaciones de Granada, Marielena Campos, manifestó que no tiene autorización para referirse al caso, debido a que todo está en manos de la Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados no han querido explicar cómo en menos de 24 horas lograron sobreseer a Wiliam Argueta Pérez, Armando Urbina Cerros, Erick Urbina Aráuz, Pedro José Meléndez, Alberto Núñez Sevilla, Carlos Mauricio Gutiérrez, Félix Dávila, Everth Enrique Coronado y Bayardo Areas Díaz, condenados por tráfico interno de estupefacientes en 2009.

En la sentencia liberadora, los magistrados argumentaron que la jueza de Rivas, Ivette Toruño, quien condenó a los sujetos, hizo una “mescolanza de los hechos y no pudo individualizar las responsabilidades de cada uno”, pese a la acusación detallada del Ministerio Público y a la incautación de 63 paquetes de cocaína.

“Detención ilegal”

El juez ejecutor, Roberto Zamuria, en el caso de Armando Urbina Cerros, explicó que desde el diez de diciembre de 2010 existe una orden de libertad a favor del reo, la cual no ha sido cumplida por el Sistema Penitenciario Regional.

“Yo llegué al Sistema, y el alcaide, Francisco Rocha Aguilar, me manifestó que no pondrá en libertad a Armando Urbina hasta que se lo ordene una autoridad superior. Yo introduje inmediatamente un recurso de amparo, porque el hombre está detenido ilegalmente”, aseguró.

No explica argumentos para liberarlos
Zamuria no precisó sobre los elementos que motivaron a los magistrados a firmar la liberación.  “A mí como juez ejecutor no me compete cuestionar la decisión de los magistrados, ese es problema de ellos, estudiaron el expediente y decidieron. Yo sólo me encargo de verificar si el reo está detenido ilegalmente, y está ilegal, porque ya existe una orden liberadora. Se está violando el artículo 34 de la Constitución, que dice que las sentencias son de ineludible cumplimiento”, resaltó.

CSJ abre proceso investigativo

La Corte Suprema de Justicia abrió ayer el proceso de investigación contra los tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Granada que firmaron las sentencias.

Según una fuente judicial, ayer se elaboró el documento donde la Corte en Pleno solicita a los magistrados Ligia Rivas, Julia Selva y Alejandro Estrada, rendir informe de sus actuaciones en las sentencias 39 y 40, donde absuelven a nueve narcotraficantes, suspenden el juicio a otro y rebajan las condenas a varios.

Este documento de solicitud de informe, debe contener la firma de al menos ocho magistrados del supremo tribunal, para poder darle trámite, ya que ante la falta de organización de la Corte Suprema de Justicia no hay Consejo de Administración y Carrera Judicial; y es la Corte en Pleno la que está dando seguimiento a los casos.

Suficientes firmas

De acuerdo con la fuente, las firmas no serán un obstáculo, pues una vez hecho público el escándalo, la Corte decidió abrir una investigación de oficio a partir de la información publicada en El Nuevo Diario, e incluso los recortes de los diarios van adjuntos a la solicitud del informativo.

Una vez que Inspectoría Judicial tenga el documento con las firmas debidas, procederá a su respectiva notificación, por lo que no se descarta que entre ayer y hoy, los magistrados de Granada estén sabidos oficialmente de la investigación, y procedan al intercambio de información e incluso a presentarse a entrevistas ante el supremo tribunal.