Luis Alemán
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Faustino José Pichardo Cáceres y toda su familia podrían ser desalojados por tercera vez consecutiva de una propiedad de 200 manzanas de tierras que les fue asignada por el Instituto de Reforma Agraria, en 1998, en el municipio de San Rafael del Sur, en el lugar conocido como El Jícaro A, finca El Zapote, ubicada en el kilómetro 58 y medio de la carretera a Masachapa.

Pichardo Cáceres denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que el abogado Ervin Antonio Leiva Urbina ha intentado múltiples acciones para lograr sacarlo de la propiedad, y que en esta ocasión lo denunció en el Ministerio Público por usurpación del dominio privado.

“La idea es que por cualquier medio pueda sacarme de la propiedad que el Estado me asignó”, afirmó Pichardo Cáceres, quien aseguró que la propiedad donde actualmente vive, el Estado de Nicaragua se la dio a cambio de una finca que antes tenía ocupada.

“Quieren sacarlo a como sea, incriminándolo con un hecho delictivo”, aseguró la abogada Carla Ortiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien recordó que el calvario de Faustino se remonta a 2005, cuando un centenar de policías lo desalojó de forma violenta, dejando como resultados ranchos quemados y lesionados de bala.

Recientemente, un empleado de Leiva Urbina lo acusó en los juzgados, señalándolo de ser autor del delito de abigeato. “Me acusaron que yo robé una vaca”, dijo Pichardo Cáceres, quien pidió ayuda al Cenidh debido a las presiones de que es víctima.

Leiva Urbina, a través de terceras personas, ha enviado mensajes amenazantes, diciendo que pronto será desalojado, y en una ocasión “mandó a hombres armados para que me dijeran que mejor abandone la propiedad”, señaló el denunciante.

El pasado 18 de febrero, Leiva Urbina se presentó al Distrito Siete de la Policía en San Rafael del Sur para pedir un amparo policial, y afirmó que tanto Pichardo como Pedro Pulido, acompañados de sus hijos mayores “han estado perturbando la posesión de la finca El Zapote”.

La comisionada Miriam Martha Torres, jefa del Distrito Siete de la Policía, a través de una resolución, señaló que no ha lugar al amparo policial, al considerar que no había evidencias que demostraran que los denunciados estuvieran perturbando la posesión.

“Como no pudo hacer nada con el amparito policial, Leiva Urbina lo denunció en el Ministerio Público por el delito de usurpación del dominio privado”, dijo la abogada Ortiz.